- Homofobia: terrorismo perversamente encubierto
- El Mundo, 2007-04-19 # Carlos Alberto Biendicho · Presidente de la Plataforma Popular Gay de León © Promociones Periodísticas Leonesas, S.A.
Define el diccionario de la RAE la homofobia como la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales y nuestro Código Penal castiga con prisión la discriminación por razón de orientación sexual. Y la homofobia es agravante. Pero nuestro Poder Judicial sigue sin aplicar esas penas.
Nuestro Tribunal Supremo tiene entre sus miembros a declarados y explícitos homófobos. Su penúltima manifestación de homofobia fue expresada en un documento en el que, haciendo una reducción al absurdo, se comparaba el matrimonio homosexual con una relación zoofílica. ¿Piensan los magistrados firmantes de ese documento que su compañero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska y su marido Gorka mantienen una relación zoofílica?
El último acto homofóbico de determinados miembros de ese Alto Tribunal es un documento en el que querían aceptar como legal y lícito que las agencias de adopciones internacionales pudiesen objetar cuando los solicitantes fuesen un matrimonio homosexual.
¿Acaso esos miembros del Tribunal Supremo puede incumplir y despreciar el Código Penal y el Código Civil aprobados por las Cortes Generales, democráticamente y legítimamente electas, único órgano con capacidad de dictar leyes de ámbito nacional y que ellos deben interpretar, acatar y hacerlas cumplir?
Pero el caso más sangrante para la democracia española es el del magistrado Agustín Corrales Elizondo. El mencionado era teniente coronel jurídico de la armada cuando las Cortes Generales aprobaron el vigente Código Penal Militar y derogaron el Código de Justicia militar franquista.
Con el nuevo Código Penal Militar, en el año 1986, se eliminó, conscientemente, el artículo 352 del anterior, en el que se castigaba la homosexualidad con penas de hasta seis años prisión y la expulsión del ejército con deshonor.
Esto no gustó a Corrales y manifestó públicamente que había que «utilizar» la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Fuerzas Armadas para corregir este «lamentable olvido del legislador». Mostraba su odio a los homosexuales, además de su desprecio al Estado de Derecho y sus Cortes Generales.
Demostraba que como militar no respetaba la Constitución ni la democracia. Estos hechos son recogidos por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Granada Nicolás Pérez Cánovas, en su libro “Homosexualidades, homosexuales y uniones homosexuales en el derecho español”. Pero el Ministerio de Defensa, creyéndose por encima del legislador, no los tiene en cuenta y permite que siga ascendiendo hasta alcanzar el empleo de asesor jurídico general de la Defensa.
Cuando ya estaba a punto de pasar a situación de reserva, sin ningún tipo de sanción por esta vulneración flagrante y reiterada de nuestra Constitución y democracia, ETA comete un atentado. Resultaron asesinados el general y magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero, su escolta, su coger y un conductor de la EMT. También resultaron heridas 64 personas. Era el 30 de octubre de 2000.
Este atentado de ETA dejó una vacante en el Tribunal Supremo, hecho que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, homófobo abiertamente declarado, aprovechó.
Con la complicidad del jefe de Estado Mayor de Defensa, Alfonso Pardo de Santallana, y del Fiscal General de Estado, Jesús Cardenal, propuso a Corrales Elizondo para cubrir esa vacante. No es pura casualidad que los cuatro fueran miembros del sector mas fundamentalista de la Iglesia Católica, el Opus Dei.
Tampoco es casualidad que la Iglesia Católica a día de hoy todavía no ha firmado la Declaración Universal de Derecho Humanos y su postura homófoba hacia las personas homosexuales es abiertamente mantenida.
Ante esta burla a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho intenté que no se produjese este nombramiento y el subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva y López de Letona, me dijo personalmente: «Ya ha pasado la reunión subsecretarios y el viernes lo aprueba el Consejo de Ministros».
La única persona que podía parar ese nombramiento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, y de todos es sabido cómo piensa él y su esposa, Ana Botella, la de las peras y las manzanas. El daño llevaba años hecho y a día de hoy todavía perdura.
Pero en el ámbito de la justicia los homosexuales todavía vivimos hoy con inseguridad jurídica. El que podamos contraer matrimonio, gran avance, no garantiza mucho. Podemos ser agredidos como colectividad perfectamente diferenciada y la Justicia aún no nos ampara.
Desde púlpitos y cátedras se nos injuria e insulta. Se fomenta el odio y la violencia contra los homosexuales y la Justicia calla, permitiendo esta forma de terrorismo encubierto. ¿España es realmente un Estado de Derecho?
