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• Ultraderecha purpurada
• El País, 2007-03-30 # Joan B. Culla i Clarà · Historiador

Cuando dentro de cierto tiempo, y ya con alguna perspectiva histórica, se analice la actual etapa de la política española -estos años de plomo que han seguido al vuelco electoral de marzo de 2004, este revival de una lógica guerracivilista que divide a los ciudadanos entre patriotas y traidores, esta explosión de cainismo que convierte al rival, al discrepante, al crítico en enemigo y, "al enemigo, ni agua"- será de justicia señalar, como responsables de la bronca, de la crispación, de la ruptura de los más elementales usos democráticos, de la recrudescencia ultraderechista, no sólo a los actuales dirigentes del Partido Popular, no sólo a una legión de periodistas u opinadores iluminados y fanatizados hasta la paranoia. También será preciso detenerse en el papel instigador y legitimador de la escalada reaccionaria que está jugando una buena parte de la jerarquía católica española, con la silenciosa aquiescencia del resto.

Resulta en verdad fascinante el giro que ha efectuado la brújula del episcopado español en tres décadas, desde los tiempos de los cardenales Enrique y Tarancón o Jubany -aborrecidos por la extrema derecha, la misma que consideraba "demoledora la política de Pablo VI en España"- hasta hoy, cuando los cardenales Rouco y Cañizares parecen casar la suerte de la Iglesia católica peninsular con el partido de Rajoy, Acebes y Zaplana, con la demagogia mediática más soez y con el ultramontanismo teológico, cultural y social más recalcitrante.

Si las causas de esta involución merecerían un estudio a fondo, los efectos están bien claros: desde 1977 acá, el catolicismo español ha perdido transversalidad -o, para decirlo en sus propios términos, universalidad- a borbotones; se ha transformado en una facción seguramente más dura, más compacta, más disciplinada, pero más pequeña, mucho más hosca y muchísimo menos permeable.

Desde esa fortaleza presuntamente asediada donde ella misma ha querido encerrarse, la jerarquía episcopal no cesa de lanzar proyectiles y calderos de aceite hirviendo contra todo aquello que, en el exterior, no es de su gusto, ya sea de naturaleza política o religiosa, temporal o espiritual.

Tomemos por ejemplo al obispo de Huesca, Jesús Sanz Montes, quien hace tres semanas publicó una carta pastoral en la que calificaba de "héroes" a los participantes en las manifestaciones sabatinas del PP, sugería a sus diocesanos votar contra el PSOE en las elecciones de mayo y glosaba -cual columnista de El Mundo- los "obstáculos" que el Gobierno pone "para saber la verdad de la maraña confusa y confundida del 11-M". En las mismas fechas, el cardenal arzobispo de Toledo sostenía durante su homilía dominical que los atentados de Atocha "aún no han sido esclarecidos en su verdad más real y honda", por lo que "pesan sobre España como una losa opresora de la que necesitamos liberarnos".

Más recientemente, la pasada semana, la subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida del episcopado español ha difundido un comunicado según el cual, "en el terreno de la vida, nos encontramos en un momento preocupante de nuestra historia". "En el campo del aborto y de la reproducción asistida, tenemos en España unas leyes que atentan contra la vida, y que por tanto hay que abolir. (...) Pedimos a la sociedad y a los políticos la abolición de los supuestos en los que el aborto está despenalizado. (...) La eutanasia es una gravísima amenaza". Una vez más, el sempiterno equívoco entre credo y ciudadanía, entre mandamientos religiosos y leyes civiles, entre pecado y delito; esa confusión deliberada sobre la que la Iglesia católica lleva rebañando desde hace diecisiete siglos.

Pero el plato fuerte en esta degustación de exquisiteces episcopales lo cocinó don Antonio Cañizares Llovera, cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, en forma de entrevista publicada el 9 de marzo en Alba, un semanario vinculado al grupo mediático ultraconservador Intereconomía, que capitanea el inefable Julio Ariza. "Mayor Oreja sostiene que una España unida sería una España más católica. ¿Lo comparte?", pregunta el entrevistador. "Totalmente", contesta el primado, "porque España tiene su origen en la fe, en la unidad católica en el tercer concilio toledano. (...) España será cristiana o no será España".

"¿El proyecto de destrucción de España es en el fondo un proyecto laicista?", inquiere con su exquisita objetividad el redactor. "Así lo entiendo y así lo he escrito", responde el purpurado.

A continuación, el cardenal explica que, en su diócesis, se reza todos los días por España, y hasta la han consagrado (a España) "a la Divina Misericordia y al Inmaculado Corazón de María". "Hicimos esa consagración porque consideramos que hay que poner a España en las manos misericordiosas de Dios y en las manos de la Virgen. Es absolutamente necesario". Entre otras razones, porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la agilización del divorcio, con el matrimonio homosexual, con la nefanda Educación para la Ciudadanía, "ataca a lo fundamental de la familia" y "eso es la destrucción de nuestro futuro". En este gran y deletéreo proyecto gubernamental "existen elementos masónicos", precisa Cañizares, el cual confiesa haberse ilustrado sobre tal extremo con la lectura de El Padre Elías, una novela del católico integrista canadiense Michael O'Brien comparable, por su rigor y su aliento "conspiranoico", al Código Da Vinci, aunque en sentido contrario. Y, después de este alarde de erudición patrística, nuestro príncipe de la Iglesia concluye: "A veces, debería ser más claro al hablar". No, monseñor; no hace falta.

A la luz de tales asertos, consideraciones y referencias bibliográficas, hay una rectificación que se impone: basta de conceptuar como extremista o antievangélica la línea informativa e ideológica de la Cope. La cadena radiofónica de los obispos no hace más que reflejar -incluso pálidamente- el punto de vista de éstos, y Federico es sólo un mayoral megalómano, pero obediente y lealísimo a las ideas de sus patronos.

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• La libertad y Occidente
• El País, 2007-03-23 # Joan B. Culla i Clarà · Historiador

La excusa ha sido el cuarto aniversario del inicio de la guerra de Irak, aunque seguramente la razón de fondo era la necesidad -sentida por muchos- de contrarrestar la hegemonía callejera que la derecha ha conquistado a lo largo del último trienio. El caso es que, el pasado sábado, multitudes de sensibilidad izquierdista se movilizaron -principalmente en Madrid- detrás de consignas como Por la paz, no a la guerra, Aquí y allí, paz, Fuera todas las tropas. No a la ocupación de Irak y Palestina, etcétera. En Barcelona la convocatoria -con 8.000, 10.000 o 15.000 asistentes, lo mismo da- fue un palidísimo remedo de la gigantesca manifestación del 15 de febrero de 2003; pero, a pequeña escala, reprodujo las ambigüedades y los equívocos de aquella gran marcha: todo aquel que se enfrenta a los Estados Unidos del nefasto Bush merece automáticamente simpatía y apoyo, ya sea el Irán de Ahmadineyad (tan pacífico e inerme, el pobre...) o la guerrilla talibán afgana (tan progresista ella, y tan respetuosa con los derechos humanos, sobre todo los de la mujer...).

Dentro de la manifestación barcelonesa del sábado 16 de marzo, un personaje llamaba poderosamente la atención. Era casi una escultura humana, una joven vestida al modo de la neoyorquina Estatua de la Libertad, con su túnica y su corona de rayos, sosteniendo con las manos una especie de tablas o más bien un cartapacio en el que podía leerse, manuscrito: La libertat no es una propiedad de la democracia occidental.

Pasemos por alto el error ortográfico y vayamos al fondo del asunto, porque esa manifestante de artesanía y su mensaje espontáneo -no dictado por ninguna plataforma ni partido, quiero decir- se me antojan paradigmáticos del confuso buenismo y del candor tercermundista que han impregnado a la parte más sana y sincera del movimiento antibelicista catalán y español desde septiembre de 2001. No, claro que la libertad no es propiedad de Occidente en el sentido de que éste la posea de un modo exclusivo y excluyente. Pero el modelo de democracia parlamentaria forjado entre Europa occidental y Estados Unidos a lo largo de los últimos dos siglos y medio sí ha demostrado ser la única fórmula capaz de garantizar a las personas el ejercicio estable de sus derechos y libertades, de corregir los abusos del poder y de proteger a las minorías respetuosas con la ley.

¿Dónde, si no es en una democracia occidental, rige la libertad de prensa, y existe la separación de poderes, y las elecciones son de veras competitivas, y opciones políticas distintas pueden acceder sucesivamente al poder? ¿En Zimbabue, donde los líderes de la oposición son molidos a palos por la policía del dictador Mugabe? ¿En Venezuela, donde Chávez avanza a pasos agigantados hacia un régimen de partido único, donde los medios de comunicación críticos ven cancelada su licencia para emitir? ¿En Ecuador, donde careciendo de mayoría parlamentaria para aplicar su programa, el presidente Correa ha hecho destituir a más de la mitad de los diputados y azuza a las masas contra el Congreso díscolo? ¿En Egipto, donde los poderes de Mubarak son cada día más omnímodos y los preparativos para una sucesión dinástica a favor de su hijo Gamal cada vez más descarados?

Los que, el sábado, gritaban por la Via Laietana ¡No al ataque contra Irán!, ¿eran conscientes de que en cualquier ciudad iraní les sería imposible vocear la consigna ¡No al programa nuclear de Ahmadineyad!, por ejemplo, sin terminar apaleados y en el calabozo? Las barcelonesas de izquierdas que participaron en ese cortejo pacifista, ¿habían contemplado la foto que EL PAÍS publicó el pasado 5 de marzo, donde se veía a policías femeninas teheraníes, vestidas de negro de cabeza a pies, golpeando con largas porras a un puñado de compatriotas feministas que tenían la audacia de reclamar para la mujer iraní la igualdad de derechos con el hombre, y que acabaron detenidas?

Sucede, en efecto, que fuera de la democracia occidental hay violaciones brutales de los derechos humanos que ni siquiera tienen carácter político, que no cabe excusar en nombre de la seguridad nacional, ni frente al bloqueo o las amenazas norteamericanas. Por ejemplo, el trato a los homosexuales. Mientras en Occidente se discute sobre el matrimonio gay, incluso mientras en Polonia un Gobierno de extrema derecha planea medidas discriminatorias contra ese colectivo, son todavía ocho los países de mayoría musulmana que castigan con la muerte los actos homosexuales: Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y varios Estados del norte de Nigeria donde se aplica con rigor la sharia. En otros -lo recuerda un reciente informe de la organización española Colegas- la pena es de cadena perpetua o de muchos años de prisión, aderezada con torturas, humillaciones policiales y, a veces, castigos físicos en público, todo ello para combatir el "corrupto modo de vida occidental". Entre coche-bomba y coche-bomba, hasta la mitificada resistencia iraquí ha encontrado tiempo para asesinar a homosexuales, al amparo de una fatwa del gran ayatolá Alí al-Sistani.

Recordar todos estos hechos y situaciones no supone caer en la autocomplacencia eurocéntrica, ni ejercer de palafrenero del emperador Bush, ni convertirse en adalid neoliberal o en belicoso propagandista neocon. Supone, sencillamente, afirmar sin complejos la superioridad moral de los valores democráticos occidentales y la inexistencia, a día de hoy, de un modelo alternativo que ofrezca resultados equiparables en términos de libertad ni en términos de bienestar. Dicho lo cual, opongámonos a la guerra y denostemos al trío de las Azores, sí, pero sin confundir el culo con las témporas, ni la solidaridad con el autoodio.