Tras dos largas sesiones de más de cinco horas celebradas en la Audiencia de Zaragoza, el juicio por el crimen de Pina quedó ayer visto para sentencia. Durante la segunda jornada, se practicaron las pruebas periciales y se tomó declaración a los testigos de la defensa. Concluidos los interrogatorios y antes de que las partes emitieran sus respectivos informes, el fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones iniciales, rebajando de 33 a 25 años la pena solicitada para el acusado, Rafael Márquez Centeno. La defensa considera que éste no es el autor del crimen de Pedro Luis Jabato Crespo y reclama su absolución.
El ministerio público mantiene la acusación por asesinato, y defiende la animadversión hacia los homosexuales del acusado como móvil . Sin embargo, entiende que los hechos no son constitutivos de los delitos de sustracción de vehículo a motor y robo con violencia que se imputaban al acusado. Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal no ha hecho cambios (exige al procesado que indemnice a los padres del fallecido con 150.000 euros y a cada uno de sus tres hermanos con 7.000). La acusación particular, ejercida por Concepción Cinca, tampoco ha modificado las indemnizaciones solicitadas para la familia de la víctima (230.000 euros).
Las preguntas dirigidas a los forenses trataron de aclarar dos cuestiones muy concretas. Por un lado, si el acusado pudo haber sido agredido por la Guardia Civil (durante su declaración, éste dijo que recibió hasta cuatro palizas). Por otro, se les interrogó por las posibles limitaciones intelectuales y la capacidad volitiva de Rafael Márquez.
A preguntas del fiscal, los especialistas se mostraron tajantes: "En absoluto, no llevaba ningún signo de agresión". Uno de los forenses puntualizó que no se le examinó desnudo, "porque no se consideró necesario, y porque tampoco él lo pidió".
La respuesta de los médicos fue la misma cuando se les preguntó por una posible enfermedad mental del procesado. "No detectamos ningún síntoma. Lo que sí apreciamos fueron rasgos de trastorno de personalidad, de un carácter antisocial".
"Se trata de una persona acostumbrada a ignorar las normas; no tiene sensación del dolor que causa; ni tiene sensación de culpa", indicaron los especialistas. "Pero no hay motivos para afirmar que tiene mermada su capacidad volitiva", concluyeron.
En cuanto a la autopsia del cadáver, explicaron que no presentaba signos de defensa y que fue el fuerte golpe recibido en la cabeza el que le causó la muerte. "Fue una agonía prolongada y con gran sufrimiento", señalaron.
Tras practicarse las pruebas periciales, la defensa, ejercida por el letrado Pedro Santiesteve, llamó a declarar a cuatro personas que supuestamente habrían visto al acusado acompañado de uno de los testigos -Ángel Palomino- la noche de autos. De hecho, esta parte mantiene que el procesado no pudo ser el autor del crimen porque se marchó de la casa de la víctima acompañado por este testigo -que lo negó y aseguró que estuvo toda la noche en su vivienda de la capital aragonesa-.
Un taxista identificó al procesado y dijo que lo llevó junto a "otra persona" desde Zuera a Zaragoza. Sin embargo, ni él, ni los dos empleados de la bocatería en la que supuestamente estuvieron, ni la dueña de la pensión desde la que habrían llamado al taxi pudieron reconocer a esa otra persona.
La abogada del turno de oficio que asistió al acusado también declaró como testigo de la defensa, y dijo que apreció "algo raro" en las diligencias practicadas por la Guardia Civil. Con su versión, se trataban de argumentar las "irregularidades procesales" denunciadas por Santiesteve. La fiscal preguntó a la testigo por qué no lo hizo constar entonces, a lo que no supo contestar con claridad.
Los dueños de la casa donde trabajaba el procesado cuando fue detenido y el educador que le asistió desde su adolescencia también declararon en la vista oral.
