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• Los olvidados
• Diario de un Comunista Gay, 2007-11-01

El 9 de febrero de 1978, el entonces diputado del Partido Comunista, Ramón Tamames, presentaba una enmienda a la proposición de ley socialista para modificar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aquella acción constituía el principio del fin de una persecución cuyas víctimas, a día de hoy, todavía no han recibido ningún tipo de resarcimiento.

Antes de la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970, la Ley de 15 de julio de 1954 de reforma de la Ley de Vagos y Maleantes consideraba al homosexual peligroso, por lo que era preciso privarle de libertad y someterle a vigilancia para “reeducar” sus instintos degenerados. La ley indicaba, textualmente, lo siguiente:

A los homosexuales, rufianes, proxenetas, mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un Establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en Instituciones Especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.

c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Con esta ley, que equiparaba la homosexualidad con la enfermedad mental o la mendicidad, el franquismo continuaba su cruzada legal contra los homosexuales, a los que en los primeros años de la dictadura también se había perseguido y encarcelado por “escándalo público”.

Son muchos los testimonios de los afectados por esta ley. En 1967, 1.083 personas ingresaron en prisión por la Ley de Vagos. Prisiones como la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, acogieron a numerosos homosexuales. Juan Curbelo fue uno de ellos. Su testimonio, recogido en el libro “El látigo y la pluma” de Fernando Olmeda, pone los pelos de punta:

“Fue un auténtico infierno, por la mala alimentación, el trabajo hasta el agotamiento y el maltrato por parte de los funcionarios. Me raparon la cabeza y estuve tres años, el máximo posible, pasando los días a pico y pala: picando piedra caliza y haciendo zanjas”.

Más allá de los campos de concentración y las cárceles, la sociedad española continuaba sumida en un ambiente represivo hacia la homosexualidad. En los años del nacional-catolicismo, la Iglesia reprimía cualquier sentimiento homosexual, estigmatizando a una parte importante de la población española. “Cuando tienes 20 años y te llaman invertido, sarasa, mariquita… o lo aceptas o te rindes y te suicidas, como se me pasó por la cabeza muchas veces”, asegura Jordi Griset, uno de los muchos homosexuales reprimidos por el franquismo. “Yo quería ser normal, por eso acepté hacer una terapia psiquiátrica con electro choque para dejar de ser homosexual”, continua Jordi refiriéndose a las terapias subversivas que muchos psiquiatras llevaban a cabo para “curar” la homosexualidad.

El 28 de julio de 1970, las Cortes aprobaron por unanimidad la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual pretendía “defender a la sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Según cita Arturo Arnalte en el libro “Redada de violetas”, “a la Ley de Peligrosidad Social quedaban sometidos los mayores de 16 que fueran, entre otros supuestos, vagos, rufianes, proxenetas, mendigos habituales, locos, toxicómanos, ebrios habituales, gamberros, pandilleros, distribuidores de pornografía, menores rebeldes a la autoridad familiar y los que realicen actos de homosexualidad”.

La Ley de Peligrosidad Social, aprobada en sustitución de la Ley de Vagos y Maleantes, contemplaba entre sus medidas el internamiento “en un centro adecuado a la personalidad del sujeto” durante un tiempo máximo de tres años. Jordi Petit, histórico activista homosexual y presidente de honor de la Coordinadora Gay y Lesbiana, afirma que “en Madrid y Barcelona fueron expedientadas 1.500 personas por vulnerar la Ley de Peligrosidad Social”, aunque asegura que “es prácticamente imposible saber cuantos fueron perseguidos por el franquismo por ser homosexuales”.

Tras la muerte de Franco y el reestablecimiento de la democracia, la discriminación continuó. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social siguió vigente y activa hasta que en 1978, tal y como he señalado al principio, el Partido Comunista de España presentó una enmienda en la que solicitaba que la homosexualidad dejara de ser ilegal.

Los homosexuales, perseguidos durante años, fueron los grandes olvidados durante la transición y años posteriores. Al contrario de lo que sucedió con los represaliados políticos, el colectivo homosexual perseguido por el franquismo no ha obtenido aún ninguna reparación moral y económica. Incluso ahora, cuando se ultima la Ley de Memoria Histórica, la Asociación de Expresos Sociales sigue su lucha para que se haga justicia con todos aquellos que sufrieron la represión por motivo de orientación sexual.

Como dijo el poeta griego Yeoryos Seferis, “allí donde la toques, la memoria duele”. Y en nuestro país, la memoria de los muchos gays, lesbianas y transexuales que sufrieron durante años el estigma de una dictadura represora, seguirá doliéndonos hasta que las administraciones dignifiquen todas esas vidas robadas.