- Reforma en el protocolo de detenciones para evitar maltratos y abusos policiales
- La nueva norma restringe los cacheos e identificaciones callejeras, autoriza el uso de bridas de plástico en las inmovilizaciones y no incluye la recomendación de
El Ministerio del Interior ha reformado el protocolo que regula la detención y custodia de sospechosos de actuaciones delictivas con el fin de evitar casos malos tratos y abusos durante los arrestos y en dependencias policiales. La directiva cubre algunos vacíos legales existentes e introduce varias novedades, como restringir los cacheos e identificaciones callejeras y obligar a todos los agentes a que informen a los arrestados de su derecho a solicitar un habeas corpus, el control judicial de la detención.
Entre otros extremos, la norma regula el uso de bridas de plástico y desoye la recomendación de Naciones Unidas de grabar los interrogatorios.
La instrucción 12/2007, de 27 páginas, recibió el visto bueno del secretario de Estado para
La norma termina así con la arbitrariedad de los agentes a la hora de determinar en qué momento comenzaba el cómputo del plazo legal.
Los guardias civiles y policías tendrán que leer los derechos a los detenidos en una lengua que el arrestado entienda. En las comisarías y cuarteles estarán disponibles «impresos de información de derechos en las lenguas más comunes». Hasta ahora, se consideraba suficiente la lectura de derechos en un idioma oficial español.
El capítulo de los derechos que deben conocer los detenidos se amplía con el del habeas corpus, de cuya existencia deben ser informados de manera expresa. Las dependencias policiales deberán tener impresos de solicitud a disposición de cualquier arrestado que «considere que su detención no está justificada legalmente o que transcurre en condiciones ilegales».
La directiva incluye también reglas estrictas sobre la asistencia letrada: la solicitud de un abogado será «inmediata» y si, pasadas tres horas, el letrado no hubiera aparecido se le volverá a llamar. De todas estas operaciones quedará constancia en un registro que hasta ahora no se usaba. Todo el procedimiento quedaba al criterio de los agentes responsables del arresto.
Los funcionarios estarán obligados a trasladar «de forma inmediata» a un centro hospitalario a cualquier detenido que asegure sufrir una lesión, aunque no sea visible. Si el arrestado estuviera bajo los efectos de estupefacientes o sufriera un trastorno mental también deberá ser llevado ante un médico antes de ir al calabozo. La directiva acaba con la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de valorar los daños del arrestado, visibles o no visibles.
Menores, trato especial
El arresto de menores merece un apartado especial. Los funcionarios deberán leer sus derechos a estos detenidos en «un lenguaje compresible y adecuado a su edad». Será obligatorio que sean «agentes especializados» los que interroguen al adolescente.
Además, «la actuación policial evitará la estigmatización» del menor y con este fin los agentes no vestirán uniforme ni lucirán distintivos. El traslado y la reclusión de los menores siempre se hará por separado de los adultos.
Interior también quiere restringir al máximo los abusos durante las identificaciones callejeras. La norma fija que cualquier «documento oficial» será válido para certificar la filiación, no sólo el DNI, como ocurre en la actualidad. Sólo podrán ser conducidas a dependencias policiales para su identificación las personas que estén involucradas en delitos o que deban ser sancionadas, y siempre serán trasladadas al centro más cercano. Los ciudadanos tendrán «derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para su identificación».
El «empleo de la fuerza» durante las detenciones es otro de los temas de preocupación. La directiva regula el uso de métodos coercitivos cuando exista un «grave riesgo para seguridad ciudadana, la vida del agente o la integridad física de terceras personas». Sólo se blandirán las armas «cuando exista un riesgo racionalmente grave» y, en ningún caso, se podrán usar armas no autorizadas.
El cacheo se acota en exclusiva a los casos de detenciones y ante «sospechosos potencialmente peligrosos» y se termina con la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de decidir a quien inspeccionar en profundidad. Los agentes siempre «protegerán la dignidad del detenido» y harán el registro de la manera más «discreta posible». «Salvo urgencia», siempre serán funcionarios del mismo sexo los que cacheen. «El criterio será siempre el de máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, muy especialmente en el caso de personas transexuales», se recoge en la directiva.
«Manillas de plástico»
La nueva orden incluye un aspecto muy criticado por los organismos de defensa de derechos humanos: la autorización de utilización de bridas de plástico, en vez de las esposas reglamentarias, para reducir a los sospechosos. El texto abre la posibilidad, hasta ahora alegal, de usar en «circunstancias excepcionales y de manera transitoria» las «manillas de plástico, lazos de seguridad o dispositivos similares» para inmovilizar a los arrestados.
La Secretaria
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