- La ley de bodas gays se salda con una media de casi cinco uniones diarias
- Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades con mayor actividad en sus registros civiles
- La Razón, 2007-04-14 # C. Morodo · Madrid
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia por colocar a España a la vanguardia de Europa en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras ese polémico asunto sigue sometido a debate en el grueso de los países de la Unión, salvo excepciones, como Bélgica o Países Bajos, que tomaron la vez al Gabinete socialista español. Tan controvertido resulta que incluso ha salido de la agenda del primer ministro italiano, Romano Prodi, que se ha desmarcado de esta iniciativa desde su jefatura de la coalición de centro-izquierda por entender que el matrimonio homosexual es «muy radical». Prodi ha llegado a decir: «En Italia, nuestra coalición ha tomado un camino distinto de la vía muy radical de Zapatero».
La pionera ley de «bodas gays» entró en vigor en julio de 2005 y, desde entonces, según una respuesta por escrito remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se han registrado un total de 2.776 matrimonios entre personas del mismo sexo, a fecha del pasado 28 de febrero, lo que deja una media de casi cinco bodas al día. Los registros de Madrid (con un total de 751), Barcelona (471), Valencia (222) y Sevilla (121) son los que han tenido más trabajo a cuenta de la ley de Rodríguez Zapatero.
Del balance elaborado por el Ejecutivo destaca, asimismo, que, quitando las citadas capitales de provincia, la afección en el resto del territorio es mucho menos representativa, con comunidades como Canarias, Cantabria o Extremadura a la cola del ránking global.
El Gobierno ha convertido en bandera iniciativas como ésta o como la ley que permite el cambio de sexo sin operarse, mientras hay otras realidades significativas que afectan muy directamente al bolsillo del ciudadano y que confirman que España sigue estando a años luz de la UE en parámetros tan relevantes como las ayudas por hijo a cargo (24,25 euros frente a los 154 de Alemania), el gasto social dedicado a la familia (0,50 por ciento del PIB frente al 2,20 por ciento que es la media de la UE), la tasa de temporalidad de los jóvenes menores de 30 años (que desde 2004 se ha disparado en 20 puntos) o el gasto medio dedicado a la dependencia, una de las promesas estrella del PSOE (el 0,60 por ciento del PIB en España frente al 1,25 por ciento del PIB en la OCDE).
El rastreo en el programa electoral socialista coloca en el debe de la gestión del jefe del Ejecutivo más de una treintena de compromisos que, a día de hoy, se han quedado en el tintero. Mientras el precio de la vivienda se ha disparado (en dos años ha subido un 38,7 por ciento), sigue sin materializarse la creación de 180.000 viviendas de protección al año, y tampoco se ha cumplido la promesa de destinar mil millones para la educación de 0 a 3 años y la de impulsar un 50 por ciento de becados en Formación Profesional y Bachillerato y un 40 por ciento de becarios universitarios. En el mismo cajón del olvido continúa el aumento del gasto directo en Justicia en 180 millones de euros anuales para llegar a un dos por ciento del presupuesto general del Estado, un interno por celda, la creación de nuevas comisarías en todas las ciudades de más de 30.000 habitantes...
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