- Resucita la vieja caza de brujas en la nueva Polonia
- 17 años después del fin de
- Gara, 2007-03-16 # Dabid Lazkanoiturburu
Hasta ahora este requisito obligaba a los parlamentarios, ministros, altos funcionarios y magistrados (30.000 personas).
Tras la entrada en vigor de la nueva legislación, 700.000 personas -las que nacieron antes de agosto de 1972 y, por tanto, tenían mayoría de edad durante el cambio de régimen en Polonia- deberán rellenar una declaración disponible en internet y entregarla al Instituto de
Las declaraciones de los sospechosos serán publicadas en internet. El IPN hará lo propio y publicará su propia lista de «colaboradores» de
Todo aquel que se niegue a colaborar con el nuevo orden o que «mienta» en su declaración será inhabilitado para ejercer su profesión durante 10 años, en una reedición de la caza de brujas que protagonizó en EEUU el senador católico McCarthy en la década de los cincuenta.
Emulando a
Los gemelos Kaczynski
La ley responde a una de las prioridades de los gemelos Kaczynski. El presidente Lech y su hermano Jaroslaw lideran un Gobierno católico cercano al integrismo católico que, desde su llegada al poder, en el otoño de 1995, trata de apuntalar su poder criticando la transición consensuada en la década de los ochenta por el movimiento Solidaridad y el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP). El jefe de Gobierno no ha dudado recientemente en agitar viejos fantasmas asegurando que «la red (de espionaje de los gobiernos del POUP) aún existe y es más fuerte de lo que pensamos».
Reacciones
Los medios gubernamentales y la decisiva red de medios privados -buena parte de ellos católicos integristas- apoyan con entusiasmo la iniciativa.
Entre los profesores universitarios pocos se han atrevido, salvo honrosas excepciones, a denunciar la ley y a apelar a su boicot. Y es que saben quién les paga sus salarios. «La ley es la ley», zanjó la portavoz de
Marcin Croll, profesor de historia de la filosofía en
No faltan quienes desde un pasado opositor durante los gobiernos comunistas se han atrevido a desafiar abiertamente esta caza de brujas anticomunista. «Yo no voy a rellenar la declaración. No tengo que dar explicaciones de mi vida. Atentaría contra mi dignidad», ha anunciado Janusz Grzelak, decano de
Lejos del ámbito universitario, la resistencia más consecuente a esta ley está siendo enarbolada por parte de la prensa polaca. Destaca, entre otras, la oposición del diario `Gazeta Wyborcza', un periódico en el punto de mira del Gobierno Kaczynski. Creado por intelectuales disidentes anticomunistas, la mayor parte de su plantilla boicoteará una ley «humillante y que atenta contra la libertad de conciencia».
Tanto los decididamente opuestos como los resignados confían en que el Tribunal Constitucional tumbe esta ley antes de que expire el plazo para presentar el «certificado de limpieza ideológica». «Tenemos un tribunal en el que se puede confiar y parará todo esto», confía Helena Luczywo, directora adjunta de `Gazeta Wyborcza'.
En todo caso, los opositores han anunciado que recurrirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Constitucional avala la iniciativa.
Entre los argumentos contra esta caza de brujas, varios de sus críticos insisten en divulgar la tesis de que los archivos de
El Gobierno polaco sigue firme y resuelto a proseguir su proceso de «descomunización» que, calcula, durará diez años.
Proceso de involución
Al ritmo actual que está imprimiendo el actual Ejecutivo de Varsovia a iniciativas de este tipo, y si las urnas o la oposición no lo remedian, estos diez años pueden resultar una eternidad.
En un artículo publicado en la web de Rebelión, el periodista y analista Pascual Serrano describe «el viaje en el túnel del tiempo de Polonia» y recuerda que, en su fervor anticomunista, el Gobierno polaco ha condenado al ostracismo histórico e incluso económico -supresión de las rentas- a los polacos que lucharon contra el fascismo tanto en su tierra -ocupada por los nazis- como en el Estado español, enrolados en las Brigadas Internacionales que lucharon contra Franco en
Un Gobierno que prohíbe manifestaciones a favor de la libertad de opción sexual, que ha costreñido a la mujer polaca a su papel de madre y ama de casa y que ha llegado a defender públicamente, por boca de su presidente, la reinstauración de la pena de muerte.
El último episodio de esta deriva gira en torno al intento de la todopoderosa iglesia católica y de los aliados gubernamentales integristas de
Los defensores de esta propuesta amenazan con publicar los nombres de los diputados que han mostrado su oposición a estos planes, incluida parte de la bancada del partido de los hermanos Kaczynski. Pero otro sector del PiS, liderado por el presidente de
Posiciones divergentes respecto a sus pasados en los países del Este
El Gobierno de Berlín procedió a castigar a los responsables de
Alemania ha abierto recientemente los archivos de
Algo parecido ocurrió en Estonia, donde hasta 2000 el Gobierno reclamaba una declaración bajo juramento de no colaboración con el KGB a los altos cargos. Exigía a acusados de colaboración un reconocimiento de su «culpa».
En Bulgaria, y paralelamente a un debate de años, se acaba de aprobar una ley que pone en el punto de mira a 28 profesiones, entre ellas la de los políticos y periodistas.
En Rumanía, sólo desde 1999 se obliga a los dignatarios y funcionarios públicos a declarar por su «honor». Sólo se castiga la falsedad en la declaración, aunque el Parlamento discute estos días una legislación más prohibitiva.
Checoslovaquia cerró en 1991 oficialmente las puertas de la alta administración a los colaboradores de la antigua Policía.
Hungría es la excepción total. El primer ministro Peter Medgyessy siguió en el cargo pese a las revelaciones sobre su pasado de agente de los servicios secretos.
