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• Montserrat Comas · Presidenta de la comisión disciplinaria del CGPJ
• "Es un caso grave porque el juez cercena derechos constitucionales"
• El País, 2007-07-26 # M. C. B. · Madrid

La presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, opina que el asunto del juez Fernando Ferrín -que en un proceso de divorcio otorgó la custodia al padre argumentando que la madre era lesbiana y que ha vertido, en esta y otras resoluciones, expresiones ofensivas hacia el colectivo homosexual-, es "un caso grave porque el juez cercena derechos constitucionales". La vocal del Poder Judicial explica los cauces que se van a seguir ahora en el procedimiento sancionador.

Pregunta. ¿Se va a sancionar al juez Ferrín?
Respuesta. Hoy se ha abierto el expediente y se ha nombrado un instructor. Ahora se deberán practicar las pruebas y dar audiencia al juez afectado. Y antes de seis meses se presentará una propuesta de sanción o de archivo.

P. ¿La sanción que le correspondería es una multa?
R. En principio, según lo que hemos examinado hoy, el contenido de la resolución judicial parece constituir una falta grave sancionada con multa de 300 a 3.000 euros. Hay otros dos procedimientos por los que también se está investigando a este juez y que se podrían unir a este expediente. Pero, en cualquier caso, en principio serían tres sanciones de multa.

P. ¿No parece un castigo algo escaso para un juez que en sus resoluciones critica las leyes y en ocasiones decide no aplicarlas?
R. No es el Consejo del Poder Judicial quien debe determinar si una resolución es ilegal o inconstitucional. Para eso están los tribunales superiores. Otra cosa sería que, en el curso de la investigación aparecieran cuestiones médicas que probaran que hay una incapacidad para ejercer sus labores como juez. Entonces se podría abrir un expediente de inhabilitación.

P. ¿Qué opinión le merece el auto del juez?
R. Algunas de las afirmaciones que contiene entran dentro de lo esperpéntico. Son rechazables y ofensivas hacia una de las partes en el proceso y quiebran la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Pero hay que dejar claro que se trata de algo excepcional y que los jueces de este país actúan con plena vinculación a la Constitución y a las leyes.