- Resucita la vieja caza de brujas en la nueva Polonia
- 17 años después del fin de la República Popular de Polonia, una ley obliga desde ayer a 700.000 ciudadanos de ese país a hacer profesión de fe anticomunista o, en su caso, pedir perdón por su pasado. Los que se nieguen, que los hay, serán purgados y expulsados de sus trabajos. Un paso más en la deriva a los rincones más oscuros de la historia del Gobierno integrista católico de los gemelos Kaczynski.
- Gara, 2007-03-16 # Dabid Lazkanoiturburu
La Ley de Lustración (sic), ya en vigor, obliga a los periodistas, universitarios, abogados y directores de escuela a declarar si colaboraron con la Policía de los tiempos de la República Popular de Polonia (SB).
Hasta ahora este requisito obligaba a los parlamentarios, ministros, altos funcionarios y magistrados (30.000 personas).
Tras la entrada en vigor de la nueva legislación, 700.000 personas -las que nacieron antes de agosto de 1972 y, por tanto, tenían mayoría de edad durante el cambio de régimen en Polonia- deberán rellenar una declaración disponible en internet y entregarla al Instituto de la Memoria Nacional (IPN), que la cotejará con los archivos de la SB.
Las declaraciones de los sospechosos serán publicadas en internet. El IPN hará lo propio y publicará su propia lista de «colaboradores» de la SB, que comprende a alrededor de un millón de nombres.
Todo aquel que se niegue a colaborar con el nuevo orden o que «mienta» en su declaración será inhabilitado para ejercer su profesión durante 10 años, en una reedición de la caza de brujas que protagonizó en EEUU el senador católico McCarthy en la década de los cincuenta.
Emulando a la Inquisición, los promotores de la ley han prometido que los que «confiesen» no serán castigados. No obstante, los medios de comunicación públicos ya han anunciado que expulsarán a los «colaboradores» y fuentes oficiales han matizado que el perdón irá en relación directa a la «gravedad de lo confesado».
Los gemelos Kaczynski
La ley responde a una de las prioridades de los gemelos Kaczynski. El presidente Lech y su hermano Jaroslaw lideran un Gobierno católico cercano al integrismo católico que, desde su llegada al poder, en el otoño de 1995, trata de apuntalar su poder criticando la transición consensuada en la década de los ochenta por el movimiento Solidaridad y el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP). El jefe de Gobierno no ha dudado recientemente en agitar viejos fantasmas asegurando que «la red (de espionaje de los gobiernos del POUP) aún existe y es más fuerte de lo que pensamos».
Reacciones
Los medios gubernamentales y la decisiva red de medios privados -buena parte de ellos católicos integristas- apoyan con entusiasmo la iniciativa.
Entre los profesores universitarios pocos se han atrevido, salvo honrosas excepciones, a denunciar la ley y a apelar a su boicot. Y es que saben quién les paga sus salarios. «La ley es la ley», zanjó la portavoz de la Universidad Jagellonne de Cracovia.
Marcin Croll, profesor de historia de la filosofía en la Universidad de Varsovia y antiguo opositor al POUP señala resignado que «habrá que someter a la obligación, aunque esta ley es un sinsentido total (...) Es aberrante que tengas que probar tu propia inocencia, cuando debería ser el propio IPN el que se encargara de investigar y buscar a los culpables», añade.
No faltan quienes desde un pasado opositor durante los gobiernos comunistas se han atrevido a desafiar abiertamente esta caza de brujas anticomunista. «Yo no voy a rellenar la declaración. No tengo que dar explicaciones de mi vida. Atentaría contra mi dignidad», ha anunciado Janusz Grzelak, decano de la Facultad de sicología y militante de Solidaridad. Le secunda la vicedecana Zuzanna Töplitz, quien trabajó en la prensa prohibida del histórico sindicato y ha advertido de que, si es castigada, abandonará el país.
Lejos del ámbito universitario, la resistencia más consecuente a esta ley está siendo enarbolada por parte de la prensa polaca. Destaca, entre otras, la oposición del diario `Gazeta Wyborcza', un periódico en el punto de mira del Gobierno Kaczynski. Creado por intelectuales disidentes anticomunistas, la mayor parte de su plantilla boicoteará una ley «humillante y que atenta contra la libertad de conciencia».
Tanto los decididamente opuestos como los resignados confían en que el Tribunal Constitucional tumbe esta ley antes de que expire el plazo para presentar el «certificado de limpieza ideológica». «Tenemos un tribunal en el que se puede confiar y parará todo esto», confía Helena Luczywo, directora adjunta de `Gazeta Wyborcza'.
En todo caso, los opositores han anunciado que recurrirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Constitucional avala la iniciativa.
Entre los argumentos contra esta caza de brujas, varios de sus críticos insisten en divulgar la tesis de que los archivos de la SB comunista no serían fiables. Andrzej Krawczyk, ex consejero en asuntos internacionales del presidente Kaczynski y purgado recientemente tras ser acusado de colaboración, asegura que los policías inventaban supuestos colaboradores para ganarse el favor de sus superiores.
El Gobierno polaco sigue firme y resuelto a proseguir su proceso de «descomunización» que, calcula, durará diez años.
Proceso de involución
Al ritmo actual que está imprimiendo el actual Ejecutivo de Varsovia a iniciativas de este tipo, y si las urnas o la oposición no lo remedian, estos diez años pueden resultar una eternidad.
En un artículo publicado en la web de Rebelión, el periodista y analista Pascual Serrano describe «el viaje en el túnel del tiempo de Polonia» y recuerda que, en su fervor anticomunista, el Gobierno polaco ha condenado al ostracismo histórico e incluso económico -supresión de las rentas- a los polacos que lucharon contra el fascismo tanto en su tierra -ocupada por los nazis- como en el Estado español, enrolados en las Brigadas Internacionales que lucharon contra Franco en la Guerra del 36.
Un Gobierno que prohíbe manifestaciones a favor de la libertad de opción sexual, que ha costreñido a la mujer polaca a su papel de madre y ama de casa y que ha llegado a defender públicamente, por boca de su presidente, la reinstauración de la pena de muerte.
El último episodio de esta deriva gira en torno al intento de la todopoderosa iglesia católica y de los aliados gubernamentales integristas de la Liga de las Familias Polacas para endurecer la ya de por sí draconiana ley del aborto, que castiga con dos años de prisión salvo en supuestos excepcionales. Ahora quieren prohibir la interrupción voluntaria del embarazo hasta en los casos de violación, incesto, peligro para la madre o malformación irreversible del feto y elevar la prohibición a rango de artículo constitucional.
Los defensores de esta propuesta amenazan con publicar los nombres de los diputados que han mostrado su oposición a estos planes, incluida parte de la bancada del partido de los hermanos Kaczynski. Pero otro sector del PiS, liderado por el presidente de la Dieta, apoya la iniciativa. El mismo que el pasado diciembre propuso ni más ni menos que «Jesucristo sea nombrado rey de los polacos»
Posiciones divergentes respecto a sus pasados en los países del Este
El Gobierno de Berlín procedió a castigar a los responsables de la República Democrática Alemana tras su absorción por la República Federal. Desde 1991, expulsó a diplomáticos, altos funcionarios y a profesores universitarios de sus puestos y les condenó a buscar trabajo en el ámbito privado. Hasta diciembre del año pasado, todo puesto en la función pública estaba vetado a los acusados de colaborar con la Stasi. Desde entonces, sólo tienen prohibido asumir los cargos de ministros, diputados, jueces, altos funcionarios y altos responsables deportivos.
Alemania ha abierto recientemente los archivos de la Stasi aunque el debate sobre el pasado comunista se circunscribe a ámbitos como el cine con el reciente film oscarizado «La Vida de los otros».
Algo parecido ocurrió en Estonia, donde hasta 2000 el Gobierno reclamaba una declaración bajo juramento de no colaboración con el KGB a los altos cargos. Exigía a acusados de colaboración un reconocimiento de su «culpa».
En Bulgaria, y paralelamente a un debate de años, se acaba de aprobar una ley que pone en el punto de mira a 28 profesiones, entre ellas la de los políticos y periodistas.
En Rumanía, sólo desde 1999 se obliga a los dignatarios y funcionarios públicos a declarar por su «honor». Sólo se castiga la falsedad en la declaración, aunque el Parlamento discute estos días una legislación más prohibitiva.
Checoslovaquia cerró en 1991 oficialmente las puertas de la alta administración a los colaboradores de la antigua Policía.
Hungría es la excepción total. El primer ministro Peter Medgyessy siguió en el cargo pese a las revelaciones sobre su pasado de agente de los servicios secretos.
