> Berria: Bikoteak > URUGUAY: PRIMERA LEGALIZACION DE LA UNION CIVIL DE HOMOSEXUALES EN LATINOAMERICA

• Uruguay legaliza, por vez primera en Latinoamérica, la unión civil de homosexuales
• El Correo, 2007-12-28

Uruguay se convirtió ayer en el primer país de América Latina en legalizar la unión civil de parejas homosexuales en todo su territorio, tras la promulgación por parte del presidente Tabaré Vázquez de una ley que regula las parejas de hecho de distinto o igual sexo.

La normativa, refrendada por el mandatario en consejo de ministros, garantiza derechos y obligaciones para las parejas heterosexuales y homosexuales que convivan más de cinco años sin interrupciones, como la asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social.

Hasta el momento, las uniones de parejas homosexuales sólo estaban reguladas en la región en Ciudad de México, el estado brasileño de Rio Grande do Sul y en tres zonas argentinas: Buenos Aires, Villa Carlos Paz y provincia de Río Negro.

La ley uruguaya entrará en vigor la primera semana de 2008 con alcance nacional, e incluye la apertura de un registro donde podrán inscribirse parejas de cualquier género.

> Berria: Bikoteak > URUGUAY: SE APRUEBA LA UNION CIVIL ENTRE HOMOSEXUALES

• Uruguay aprobó la unión civil entre homosexuales
• De esta manera se convirtió en el primer país en Latinoamércia en legalizar la unión concubinaria.
• ADN Mundo, 2007-12-28

La norma fue sancionada luego de la promulgación por parte del presidente Tabaré Vázquez de una ley que regula las uniones concubinarias de distinto o igual sexo.

La normativa -del oficialismo- garantiza derechos y obligaciones para esas parejas cuando convivan más de cinco años sin interrupciones, como la asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social.

El texto define la unión concubinaria como "la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente sin estar unidas en matrimonio".

La ley, que entrará en vigencia en la primera semana de 2008, contempla la apertura de un registro donde podrán inscribirse parejas de cualquier género, al amparo de derechos similares a los que devienen del matrimonio entre heterosexuales, informó hoy la prensa uruguaya.

En Argentina, las uniones de parejas homosexuales sólo están reguladas en la Ciudad de Buenos Aires, en la cordobesa Villa Carlos Paz y en la provincia de Río Negro, y en el resto de América Latina en Ciudad de México y el estado brasileño de Río Grande do Sul.

El diputado oficialista Diego Cánepa, redactor del proyecto original, destacó que la nueva ley "profundiza la democracia, protege la diversidad de opciones y deja de lado la discriminación existente en materia legislativa que amparaba determinadas preferencias".

> Berria: Bikoteak > GALICIA: LA XUNTA PONE EN MARCHA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO

• La Xunta pone en marcha el registro para parejas de hecho
• La inscripción equipara estas uniones a las del matrimonio convencional. Funcionará de forma descentralizada en las delegaciones de la Consellería
• El Correo Gallego, 2007-12-21

Los gallegos contarán a partir de principios del próximo año con un registro de parejas de hecho autonómico que supone, según apuntó ayer el presidente de la Xunta, "un paso adelante" en la equiparación de estas uniones con las de los matrimonios convencionales.

El decreto que ayer aprobó el Consello de la Xunta para la puesta en marcha de este registro que prevé la Lei de Dereito Civil de Galicia sólo tiene que esperar a que transcurran veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. A partir de esa fecha, de forma voluntaria y gratuita, podrán inscribirse en el nuevo registro "las uniones de dos personas mayores de edad, capaces y que convivan con la vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio".

El registro autonómico funcionará de forma descentralizada y se gestionará a través de las delegaciones provinciales de la Consellería de Presidencia.

Las parejas podrán hacer constar, además de la constitución formal de su unión, los pactos que consideren oportunos para regir sus relaciones económicas durante el período de convivencia y para liquidarlas en el momento de su extinción, siempre y cuando esos acuerdos se ciñan a las leyes vigentes.

Para inscribirse en el registro es necesario presentar documentación acreditativa de ser mayor de edad, no tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea directa ni colateralmente hasta tercer grado, no estar ligados por matrimonio a otra pareja y que alguno de los miembros esté empadronado en algún municipio gallego.

Los datos: más de 40.000
Galicia, según los datos que reflejan los registros municipales, existen en la actualidad más de 4.000 parejas de hecho. En el caso de estas inscripciones municipales, los ayuntamientos podrán decidir si trasladan sus registros al de la Xunta. Para ello, tendrán que solicitar autorización individual a las parejas inscritas, ya que su relación pasaría a regirse por la Lei de Dereito Civil de Galicia.

> Berria: Bikoteak > GALICIA: EL REGISTRO GALLEGO DARA CARACTER LEGAL A LAS PAREJAS DE HECHO

• Sólo el Registro gallego dará carácter legal a las parejas de hecho
• 20 Minutos, 2007-12-21 # J.T.

La Xunta quiere equiparar estas uniones al matrimonio. Las inscripciones serán gratuitas y tardarán tres meses en aprobarse. Las parejas de hecho de la comunidad que quieran ver reconocida su unión sólo tendrán una vía posible para conseguirlo: su inscripción en el Registro gallego, para el que ayer el Consello de la Xunta dio luz verde. Las altas en este registro serán gratuitas y voluntarias, y con ellas, el Gobierno autonómico busca equiparar los derechos de estas uniones a los del matrimonio, tal y como establece la Ley del Derecho Civil de Galicia.

El nuevo Registro (que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el DOGA) dependerá de la Consellería de Presidencia, aunque se constituirá de manera descentralizada, con órganos en las cuatro provincias. Las inscripciones serán aprobadas o denegadas en un plazo de tres meses, y en ellas también se podrán especificar pactos puntuales en cuestiones económicas, que será posible dejar sin efecto «cuando no perjudiquen la igualdad de derechos», explicó la Xunta.

¿Y los municipales? Además, los registros de parejas de hecho creados en los ayuntamientos deberán comunicar cualquier modificación o alta al Registro central. Por tanto, los ayuntamientos también deberán adaptarse al creado por la Xunta. El Registro gallego emitirá también informes estadísticos, a petición de juzgados o del Parlamento. Y los técnicos se encargarán de elaborar una memoria anual, al margen de custodiar todos los documentos que estén depositados en él.

Habrá que acreditar la vecindad
Los requisitos para poder inscribirse en el Registro gallego pasan por ser mayor de edad y no tener relación de parentesco con la pareja. Pero, además, será imprescindible que uno de los miembros sea vecino de Galicia, y ambos deberán acreditar su empadronamiento en el mismo domicilio de alguno de los ayuntamientos de la comunidad.

> Berria: Bikoteak > URUGUAY: LA LEY DE UNION CONCUBINARIA RECONOCE LOS MISMOS DERECHOS A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

• Uruguay reconoce unión gay
• BBC Mundo, 2007-12-19

Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en regular la unión entre homosexuales, luego de que el Senado aprobara la Ley de Unión Concubinaria que no hace distinciones de género u orientación sexual.

Esta ley -que se espera sea promulgada antes de fin de año por el poder ejecutivo del presidente de izquierda, Tabaré Vázquez-, pone a Uruguay a la vanguardia de la región en materia de reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo.

Entre otros aspectos, la legislación establece que dos personas que han convivido durante más de cinco años en forma ininterrumpida manteniendo una relación afectiva de índole sexual, tienen derecho a que se reconozca su unión desde el punto de vista judicial, y a que eventualmente se tramite la disolución de su vínculo.

Además, regula la administración de los bienes y establece los derechos de las partes a la herencia y la seguridad social, un aspecto en el que varias dependencias del poder ejecutivo asesoraron a la redactora de la ley, la senadora del oficialismo Margarita Percovich.

Las capitales de Argentina y México ya habían aprobado una legislación similar para sus jurisdicciones, pero ningún país de la región ha promulgado una ley similar a nivel nacional.

Un concepto "distinto"
El artículo 2 de la ley, boicoteado por casi la totalidad de la oposición pero aprobado por todos los presentes en sala, es el que detalla que la unión concubinaria debe entenderse como la comunidad de vida afectiva y estable de dos personas, independientemente de su "sexo, identidad, orientación u opción sexual".

El senador Francisco Gallinal explicó a BBC Mundo que la postura de la mayoría de los legisladores del Partido Nacional no es una oposición a la regularización del concubinato, sino a que se apruebe en el mismo paquete de normas la unión entre homosexuales.

"Votamos todos a favor de la ley, a excepción de este punto en concreto, puesto que está reñido con el concepto de familia que comparte la mayoría de los uruguayos, el concepto consagrado en la Constitución", dijo.

Le parece "bien" que se cree un estatuto jurídico para la unión de personas del mismo sexo, pero hubiera preferido que se hiciera "en forma separada; no dentro del capítulo del derecho de familia".

Gallinal no comparte "que se intente asimilar" la unión entre homosexuales "al concepto de familia tradicional".

"Familias diversas"
En cambio, la senadora Percovich dijo a BBC Mundo que es una "gran satisfacción" para ella la ratificación de la ley en el Senado, puesto que implica "el reconocimiento de la existencia de familias diversas".

Percovich había impulsado el proyecto de ley desde la legislatura pasada, cuando se incluyó en el texto la referencia a las parejas del mismo sexo.

De acuerdo con un estudio publicado por el diario El País, de Montevideo, la proporción de parejas en condición de concubinato se ha triplicado en los últimos 20 años.

De todos modos la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo no se debate todavía en el Palacio Legislativo.

Las autoridades de la iglesia Católica recordaron que su postura en esta materia no es negociable, y que los políticos tienen el deber moral de oponerse.

> Erreportajea: Lana > ESTADOS UNIDOS: A DEBATE UNA INICIATIVA LEGAL PARA PROHIBIR EL DESPIDO DE GAYS Y LESBIANAS

• A debate una iniciativa legal para prohibir el despido de gays y lesbianas en EEUU
• Allí donde se vende que cualquiera puede llegar a ser presidente, gays y lesbianas pueden ser despedidos o no conseguir un empleo por su orientación sexual. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para acabar con la discriminación. De momento, los transexuales se quedan fuera. bush podría vetar la inciiativa y los extremistas religiosos ya han montado en cólera.
• Gara, 2007-11-25

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, ha aprobado un proyecto federal de la Ley de Empleo No Discriminatorio, que prohibiría la discriminación en los empleos en contra de gays, lesbianas y bisexuales.

La medida señala que sería ilegal que los patrones tomen decisiones sobre contratación, despido, promoción o pago a sus empleados basadas en su orientación sexual. Esta medida, sin embargo, no es de aplicación en las iglesias y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la propuesta fue aprobada por 235 votos en favor y 184 en contra, con lo que no alcanzó la mayoría de dos tercios que sería necesaria para superar un posible veto del presidente, George W. Bush.

Los activistas ahora esperan una dura batalla dentro del Senado, donde el senador demócrata por Massachusetts Edward Kennedy tiene proyectado presentar una versión similar. Se prevé que Bush vete la propuesta si logra superar ese trámite. La Casa Blanca ha lanzando mensajes cuestionando la constitucionalidad de la medida y mencionando supuestas violaciones a principios religiosos.

Los simpatizantes de la iniciativa de ley en la Cámara de Representantes la calificaron como un gran avance en la defen- sa de los derechos civiles de los gays. No obstante, organizaciones gays y lesbianas esperaban una protección más amplia. «El odio y la homofobia son sentimientos que nunca se deben de permitir en los puestos de trabajo de Estados Unidos», señaló el coordinador de la mayoría en la Cámara de Representantes, el legislador demócrata James Clyburn. La decisión de los líderes demócratas de excluir las protecciones basadas en identidad de género creó profundas divisiones en el partido y entre los activistas de los derechos de los gays.

Los republicanos, por su parte, indicaron que la iniciativa de ley socavará los derechos de las personas que se oponen a la homosexualidad por sus creencias religiosas y eso llevó a una serie de demandas por discriminación.

La aprobación del proyecto se realizó a pesar de las protestas de algunos activistas en favor de los derechos de los gays, porque la iniciativa no protege a los trabajadores transgénero. Ese término incluye a los transexuales, a los travestis y a otras personas cuya apariencia no va en concordancia con su género de nacimiento.

LOS TRANSEXUALES, FUERA
La protección para los trabajadores transgénero estaba contemplada en el proyecto de ley original. Sin embargo, los dirigentes demócratas consideraron que perderían el respaldo de los demócratas moderados y conservadores si se incluia a los empleados transgénero en la versión final de la ley.

Por ello, el representante Barney Frank, uno de los dos miembros del Congreso que ha reconocido públicamente que es gay, instó a sus colegas a no permitir que la disputa en torno a los trabajadores transgénero pusiera fin a un importante avance en la defensa de sus derechos civiles.

Frank declaró que espera que la ley envíe un mensaje a «los millones de estadounidenses que son gays y lesbianas de que no son malas personas, y que ciertamente no será legal despedirlos simplemente por ser como son» y prometió que continuará luchando para la aproba- ción de una iniciativa que proteja sus derechos.

La discriminación en el empleo basada en asuntos como la raza, el género y la religión está prohibidos en las leyes federales del Estados Unidos. Unos 19 estados y el Distrito de Columbia también cuentan con leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, todavía en 30 de los 50 estados es legal despedir a alguien por su orientación sexual.

Además, un estudio reciente concluyó que un 16% de los homosexuales estadounidenses reconoció no haber sido aceptado en un trabajo o haber sido despedido de su empleo por esa misma razón.

> Berria: Bikoateak > LAS PAREJAS DE HECHO PODRAN ACCEDER A LA PENSION DE VIUDEDAD DE FORMA INMINENTE

• Las parejas de hecho podrán acceder a la pensión de viudedad de forma inminente
• Todos los grupos parlamentarios coinciden en que son necesarios cambios más profundos en la Seguridad Social tras aprobar ayer el Congreso su reforma
• El Correo, 2007-11-23 # Eliza García

El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente para su entrada en vigor el próximo 1 de enero la ley de reforma de la Seguridad Social, que contempla, entre otras novedades, la ampliación del periodo cotizado, de 4.700 días a 5.475, para tener derecho a una pensión; el cobro de la prestación de viudedad por las parejas de hecho; la mejora de las prestaciones de los jubilados anticipados antes de 2002, y la aplicación de nuevos incentivos para trabajar más allá de los 65 años. La entrada en vigor en los casos de las pensiones de las parejas de hecho y la mejora de las prestaciones de los jubilados anticipados será inminente, antes de enero, en cuanto se publique en el Boletín Oficial. PSOE y PP se unieron para sacar adelante la norma, que también contó con el apoyo de CiU y CC. El resto de fuerzas se abstuvo.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que los cambios aprobados ayer resultan insuficientes para garantizar el sistema público de protección social a largo plazo, y abogaron por una nueva reforma de la Seguridad Social más profunda. Incluso apuntaron la conveniencia de abrir cuanto antes la comisión del Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario de 1995) que vela por el futuro de las pensiones, para tratar 'flecos' que han quedado pendientes como la jubilación de las policías autonómicas a los 60 años, que fue finalmente rechazada tras haber obtenido el respaldo del Senado.

El texto original y básico de la Ley fue firmado en julio de 2006 por Gobierno, CEOE, CEPYME, CC OO y UGT en el Palacio de La Moncloa. El Ejecutivo estableció diferentes vías para su aplicación. Hubo iniciativas que entraron en vigor con los presupuestos de 2007, y otras (todavía pendientes) que tendrán norma específica, pero el grueso de las medidas se incorporó al proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria concluyó ayer.

Desinterés
Pese a la importancia de la norma aprobada, el último debate político de esta ley contó con una escasa asistencia de diputados. Apenas el 5% de los escaños estuvo ocupado. Por el contrario, fueron numerosos los invitados (pensionistas, viudas, prejubilados, etc.) que siguieron el acto desde las tribunas destinadas al público.

Los bancos azules, que corresponden a los miembros del Ejecutivo, permanecieron vacíos hasta última hora, cuando se incorporó a la Cámara el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El ministro resaltó que la ley contribuye a la viabilidad del sistema y mejora la vida de los ciudadanos.

A diferencia de otros debates, las intervenciones de los diputados no estuvieron cargadas de crispación. El ministro dio las gracias a los grupos por las aportaciones realizadas y el portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, lamentó en tono tranquilo que «no sea la ley que necesita el sistema». A su juicio, el Gobierno ha perdido una gran oportunidad al no aprovechar debidamente el consenso ofrecido para llevar a cabo los cambios precisos.

Desde las filas de ICV-IU se hizo hincapié en que la nueva norma no impedirá que las pensiones mínimas sigan siendo bajas en relación con los vecinos comunitarios, y se acusó al PSOE de falta de ambición. El diputado peneuvista Emilio Olabarría reiteró su disconformidad con la forma en la que se negoció el acuerdo inicial, al no admitir la presencia de otros interlocutores «importantes» con representación institucional, en alusión a la central nacionalista ELA.

> Berria: Emakumeak > ANDALUCIA: EL PARLAMENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS LEYES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA

• Doble escudo legal para las mujeres
• El Parlamento aprueba por unanimidad las leyes de Igualdad y Violencia
• El País, 2007-11-15 # Isabel Pedrote · Sevilla

Por primera vez en 25 años de autonomía, el Parlamento andaluz ha aprobado leyes específicas cuya protagonista es la mujer. El debate final de ambas se produjo ayer bajo el signo de la unanimidad y el respaldo social. Lo primero se vio en el apoyo global de todos los grupos, lo segundo en el lleno de la tribuna del público del salón de plenos. Ya había precedentes de esa unanimidad: en el debate a la totalidad ni siquiera se pidió la devolución de la ley, lo que no evitó un aluvión de enmiendas parciales que, en el caso de la Ley de Igualdad, sobre todo, se ha traducido en un cambio sustancial del texto respecto al proyecto inicial.

En opinión de las portavoces, de ser meramente declarativa y poco comprometida, la norma ha pasado a ser un instrumento muy útil. Y lo llamativo es que en la mutación no sólo han participado los grupos de la oposición (como es lo habitual), sino mayoritariamente el grupo socialista, que presentó 43 enmiendas a un texto de 63 artículos. La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, destacó que el marco jurídico involucra a todas las políticas del Gobierno, y resumió su contenido en dos ejes: el empleo y la conciliación de la vida laboral y personal. La ley va acompañada de una memoria económica: en el ámbito público habrá planes periódicos y, en el privado, incentivos para guarderías.

Una de sus principales novedades es la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, además de los 15 días de permiso retribuido que permite la ley estatal, para los empleados públicos andaluces (256.000). A este derecho, a diferencia de lo aprobado en las Cortes, podrán acceder también las parejas homosexuales. La ley contempla otros aspectos innovadores como medidas para evitar los efectos del impago de pensiones y que la Administración pública no contrate o subvenciones a empresas que hayan sido condenas por vulnerar el derecho de las mujeres.

La Ley de Violencia de Género partía de las conclusiones de un grupo de trabajo en el que participaron todos los partidos. La norma garantizará la prestación sanitaria, incluida la psicológica, a las víctimas, además de protección y seguridad, pero, sobre todo, incide en el desarrollo de las medidas preventivas. En su intervención, Micaela Navarro resaltó la complejidad de abordar este tipo de delitos y dijo que el objetivo prioritario de la ley es garantizar, por todos los medios, la seguridad, integridad y libertad de las víctimas del maltrato.

Entre las medidas, se incluye un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a las mujeres maltratadas. La novedad es que dispondrán de casa en propiedad y no únicamente en alquiler. Además, los hijos de las víctimas tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles.

Pese a su respaldo, la oposición puso más pegas a esta norma que a la de Igualdad, ya que las medidas similares que recoge la ley estatal de Violencia no han dado los frutos esperados. En los nueve primeros meses de 2007 se han presentado 11.325 denuncias por malos tratos en Andalucía, frente a las 14.325 de 2006. Han muerto ocho mujeres.

• Igualdad
• El permiso de paternidad se extiende a progenitores del mismo sexo.
• Los funcionarios de la Junta cuentan con cuatro semanas, además de los 15 días estatales.
• Se crearán guarderías en los centros de trabajo públicos. Incentivos para las empresas privadas.
• Las bases de las subvenciones públicas tendrán en cuenta la igualdad por parte de las empresas solicitantes.
• Medidas para suplir el impago de pensiones compensatorias de separación o divorcio.

• Violencia
• Atención sanitaria y psicológica a las víctimas.
• Los hijos de las víctimas tendrán prioridad en guarderías infantiles.
• Cupo especial para acceder a vivienda protegida. La novedad es que será también en propiedad y no sólo en alquiler.
• Incentivos para el trabajo autónomo y creación de empresas.
• Las trabajadoras de la Junta tendrán derecho a la reducción de jornada, y a la movilidad.
• Personación de la Junta en caso de muerte.

> Berria: Politika > NICARAGUA: LA ASAMBLEA NACIONAL ELIMINA LA SODOMIA DEL CODIGO PENAL

• Fundación Triángulo felicita a la Asamblea Nacional de Nicaragua por eliminar la sodomía de su código penal
• Los activistas nicaragüenses llevan años luchando por la eliminación del artículo 204 del código penal. Nicaragua ha sido el último país de Latinoamérica en abolirlo de su legislación. Un paso para delante y dos para detrás: el código penal ilegaliza el aborto terapéutico
• Fundación Triángulo, 2007-11-14

Fundación Triángulo, por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas, quiere expresar su máxima alegría por la abolición del código penal nicaragüense el artículo 204 que penaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde que en 1992 el gobierno de Violeta Chamorro aprobó este articulo y desde entonces han sido muchos los atropellos a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Para Miguel Ángel Sánchez, Presidente de Fundación Triángulo: "es un gran paso en la defensa de los derecho humanos de la población LGBT, compañeros y compañeras activistas Nicaragüenses han trabajando duro y ahora tendrán que luchar por la Igualdad Legal plena y más importante por la Igualdad Social. Eso si ahora tendrán la protección legal ante su trabajo". Recordemos que la ley nicaragüense penaba "ser", "practicar" o "divulgar" la homosexualidad, haciendo el trabajo de las ONGs muy complicado.

Un pasito para delante, dos pasos para atrás. Queremos expresar nuestra preocupación ante la ilegalización, en este mismo código penal, del aborto terapéutico que tantos años llevaba en vigor y que pone en peligro de muerte la vida de muchas mujeres.

Fundación Triángulo Andalucía viene trabajando desde 2005 con la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y desde 2007 lo hace en cofinanciación con la Diputación de Huelva que apoya un proyecto de la Red en Managua y Jinotega.

> Iritzia: El Diario Vasco > REDOBLAR MEDIOS Y ESFUERZOS

• Redoblar medios y esfuerzos
• El Diario Vasco, 2007-11-12 # Editorial

En diciembre se cumplirán tres años desde que el Congreso aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una norma que se tradujo en la introducción de reformas específicas en el Código Penal para endurecer el castigo del maltrato y, sobre todo, en la constitución de los juzgados de violencia de género, una fórmula específica para responder con rapidez y eficacia a una de las grandes tragedias de nuestra sociedad. La persistencia en el número de muertas año tras año deja claro que la respuesta a la violencia machista todavía es insuficiente. Pero admitiendo que cualquier cambio en los comportamientos sociales es lento, sí que cabe pedir a las administraciones implicadas una insistencia en los programas y una dotación suficiente de medios para que la dignidad de la mujer prevalezca.

En el caso del País Vasco, estos dos factores, la motivación social y la consiguiente respuesta de la víctima ante el maltrato, y la capacidad institucional para afrontar su situación, ofrecen singularidades que merecen no sólo una reflexión, sino una atención preferente. Euskadi, de acuerdo con los últimos datos disponibles, es la segunda comunidad autónoma con menos denuncias por malos tratos presentadas -por detrás de Extremadura-, y apenas un 7% lo fueron por la víctimas. Y lo que es más preocupante, han aumentado los casos que no llegan a juicio porque las afectadas desisten de llevar a su agresor a los tribunales. Las renuncias han pasado del 8,5% de marzo al 14,5% a inicios del verano, un porcentaje que no se daba desde 2004. Estos datos denotan una deficiente concienciación social, incluido el arrope de las víctimas, y avalan la petición de muchos expertos para que se reforme la legislación y las mujeres no puedan negarse a declarar contra sus agresores. Pero también se han detectado carencias en la dotación de recursos, hasta el punto de que las obligaciones para atender los once casos urgentes que se registran de media en los cuatro juzgados vascos de violencia de género afectan seriamente a su funcionamiento diario, y de que la celebración de juicios rápidos de violencia sexista ha descendido de forma apreciable. Avisos que deberían servir para redoblar esfuerzos y medios con los que afrontar una guerra de largo alcance pero cruentas batallas diarias.

> Berria: Bikoteak > GALICIA: CUATRO MIL PAREJAS DE HECHO ESPERAN AUN POR EL ESTATUS MATRIMONIAL

• Cuatro mil parejas de hecho esperan aún por el 'estatus' matrimonial
• El decreto de creación del registro autonómico, que debería haber sido aprobado en agosto, todavía está en fase de tramitación ·· Unas cuatro mil uniones de este tipo están inscritas en los concellos de las ciudades
• El Correo Gallego, 2007-11-11 # Mónica Nogueira · Santiago

Aunque el mandato legal establecía que un decreto regularía a principios de agosto el registro autonómico de parejas de hecho, lo cierto es que a estas alturas y con los trámites aún pendientes no verá la luz en este año.


El retraso de la Consellería de Presidencia en poner en marcha este registro demorará hasta el próximo año la posibilidad de que centenares de parejas de hecho en Galicia puedan equiparar sus uniones a las de los matrimonios.


La reforma de la disposición adicional tercera de la Lei de Dereito Civil, publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado 2 de julio, establecía el plazo de un mes para la aprobación del decreto de creación y regulación del registro de parejas de hecho.


Esta modificación de la ley atendió a la necesidad de evitar errores de interpretación derivados de la redacción inicial de la norma. Por ello, se introdujeron dos requisitos esenciales para que las parejas de hecho puedan equiparar sus derechos y obligaciones a los matrimonios: inscribirse en el registro que la Xunta crearía a tal efecto y hacer constar su deseo expresamente.


Como el decreto de creación del registro no ha sido aprobado todavía, las parejas de hecho que deseen verse reconocidos al mismo nivel que los matrimonios en sus derechos económicos y patrimoniales, así como sucesorios, o los de adopción, tendrán que esperar hasta el próximo año. Aunque oficialmente no se quiere hablar de plazos para el funcionamiento del registro, lo cierto es que no queda tiempo material para ello en este año.


El borrador del decreto ya ha pasado por la fase de alegaciones -el texto se puede consultar actualmente en la página web de la Consellería de Presidencia- pero todavía resta ser enviado a la conferencia de secretarios para que ésta lo remita al Consello Consultivo, que tendrá dos meses de plazo para emitir su dictamen. En caso de que este órgano considere que el texto se adapta a la normativa vigente, volverá a caer sobre la mesa de la conferencia de secretarios para, posteriormente, ser aprobado en el Consello de la Xunta. En caso de que el Consultivo detectara algún fallo, la tramitación se demoraría aún más.


Cabe suponer que un alto porcentaje de las aproximadamente 4.000 parejas de hecho inscritas en los registros municipales de las grandes ciudades quieran equipararse a los matrimonios.


LOS DATOS

• Vigo, con un registro en funcionamiento desde mayo de 1995, cifra en 2.233 las parejas de hecho.
• Lugo, Santiago y Ourense cuentan con unas 400 y algo menos, 362, A Coruña.
• Ames, con 172, se sitúa al nivel de Ferrol, con 175 parejas de hecho inscritas .

EL BORRADOR


Será una base de datos única
El registro de parejas de hecho se configurará como un registro único y se gestionará a través de las delegaciones provinciales de la Consellería competente en Justicia, según el borrador del decreto. La inscripción y los actos registrales serán gratuitos.


Podrá establecerse un pacto regulador
Las solicitudes de inscripción podrán ir acompañadas de un pacto regulador de las relaciones económicas y patrimoniales de la pareja, lo que deberá establecerse en escritura pública. La cancelación de inscripción podrá ser conjunta o individual.


De los municipios al central, con permiso
Las uniones de hecho inscritas en registros municipales tendrán acceso al registro gallego, siempre que cumplan los requisitos legales. La remisión que realicen los concellos deberá contar con el consentimiento previo y expreso de los integrantes de la pareja.


Elaboración de una ley propia
Populares, socialistas y nacionalistas expresaron su compromiso en el Parlamento de elaborar en el actual periodo de sesiones un proyecto de ley para que las uniones de hecho tengan una norma propia que no deje lugar a lagunas jurídicas. No obstante, a un mes y medio de que concluya, esta cuestión no ha sido retomada .

> Berria: Eskubideak > VENELUEZA: LA CONSTITUCION PROHIBIRA LA DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL

• Logro histórico: Venezuela prohibirá por constitución la discriminación por orientación sexual
• EHGAM-DOK, 2007-11-10 # ¿?
  

Las barbaridades que cada día se vierten agresiva e impunemente sobre Venezuela (especialmente por quienes tienen intereses económicos directos como el Grupo Prisa y ha visto como se le ha acabado el chollo) contrastan con la realidad de un país y una revolución, que a pesar de las presiones internacionales, boycotts de la patronal, golpes de Estado, desestabilizaciones de la CIA y demás injusticias, avanzan pacífica y democráticamente hacia un modelo de sociedad socialista y libre.

El próximo 2 de diciembre, las venezolanas y venezolananos votarán la reforma de la constitución aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, que viene a recoger nuevos derechos o a ampliar los que ya aparecieron en la Constitución Bolivariana de 1999

Entre ellos, y en un hito histórico para América Latina, se prohibe en dos ocasiones y en pie de igualdad con otras identidades, la discriminación por orientación sexual, lo que dará pie a una legislación que equiparará definitivamente los derechos de lesbianas y gays venezolan*s con el resto de la ciudadanía. Sólo desde que Chávez accedió democráticamente al poder en 1998 se celebra manifestación por la libertad Sexual en Caracas.

Hace tres años la alcaldía, en manos de la izquierda revolucionaria, declaró Caracas "Ciudad libre de homofobia" con motivo del 17 de mayo.

El Movimiento Gay Revolucionario y Heisler Vaamonde - su presidente- han sido fundamentales en la consecución de estos logros. Precisamente, en 2005 coincidiendo con la visita de activistas de liberACCIÓN a Caracas se comprobó el trabajo de este movimiento, participando en unas jornadas de liberación sexual en el Teatro Teresa Carreño, así como en la emisión de un programa de Radio sobre derechos LGTB a través de "Radio Rebelde". Ese mismo año, Heisler Vaamonde fue candidato por el Chavismo a la Asamblea Nacional, no logrando acceder al Parlamento pero si situando en la agenda política la cuestión gay-lesbica, que hoy se traduce en una realidad vaticinada por todo este trabajo.

La nueva Constitución Bolivariana garantizará el acceso de las y los ciudadanas y ciudadanos a los medios de producción recogiendo además de las formas de propiedad privada, la propiedad comunitaria, la social, la pública, etc...

En definitiva garantiza UNA VIDA DIGNA, prohíbe la DISCRIMINACIÓN EN TODAS SUS VERTIENTES y abre una puerta a la esperanza a ese OTRO MUNDO POSIBLE por el que todas y todos venimos luchando.

Contra Venezuela vamos a escuchar de todo y vamos a ver de todo. La Historia y el Futuro de la Humanidad luchan y pasan hoy por Venezuela. El capital, el imperio, el capitalismo salvaje las y los poderosos se han propuesto acabar con un cambio que se extiende por todo el continente latinoamericano. En frente tienen a un pueblo que ha pasado hambre y miseria, injusticias y expolio y que está dispuesto a dar su vida por LA DIGNIDAD que tanto les ha costado conseguir.

• ¡SOLIDARIDAD CON VENEZUELA!
• ¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!
• ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
• ¡UH, AH, CHAVEZ NO SE VA!

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

18- Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sin discriminación étnica, de género, edad, sexo, salud, orientación política, orientación sexual, condición social o religiosa, disfrutarán y serán titulares del derecho a la ciudad, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba cada uno de los habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades (...)

21- Se prohíbe discriminaciones fundadas en lo étnico, género, edad, sexo, salud, credo, orientación política, orientación sexual, condición social o religiosa o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.

> Berria: Homofobia > ESTADOS UNIDOS: DEBATEN UNA LEY CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL TRABAJO

• EE UU debate una ley contra la homofobia en el trabajo
• El Congreso ha aprobado la norma. En 31 estados es legal despedir a una persona por su orientación sexual
• El País, 2007-11-09 # Yolanda Mongue · Washington

En 31 de los 52 estados de EE UU es legal despedir a alguien por su preferencia sexual. El Partido Demócrata quiere acabar con esta discriminación. El primer paso se dio el miércoles pasado, cuando el Congreso aprobó una ley de derechos civiles por 235 votos contra 184. La Ley de No Discriminación en el Trabajo garantiza que no se podrá despedir a gays, lesbianas o bisexuales por el mero hecho de serlo.

El único gay reconocido en el Congreso, Barney Frank, se opuso a que esta ley se refiriera expresamente a opciones sexuales "porque podría llevar a recelos y a un rechazo". La mayoría de organizaciones gays y 25 demócratas liberales se han opuesto a la ley por motivos similares.

"Es duro tener que votar contra esta ley", dijo el representante demócrata Jerrol Nadler. "Nunca he votado contra una ley de derechos civiles en mi vida. Y no quiero hacerlo, pero esta ley se basa en una táctica equivocada", dijo. La asociación National Gay and Lesbian Task Force afirmó que "esta ley no cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad gay".

Los transexuales han sido dejados de lado en la ley. Al principio se incluía una mención a ellos, pero los demócratas moderados decidieron excluirlos para arañar así algunos votos republicanos. En 39 estados, los transexuales pueden ser despedidos por el mero hecho de serlo. La representante demócrata Tammy Baldwin, abiertamente lesbiana, pidió que se incluyera une enmienda de último momento para incluirlos. "Las personas transexuales merecen que las escuchen, saber que no se les olvida. Aún hay mucho trabajo por hacer".

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se presentó a la votación con un lazo morado en solidaridad con la comunidad homosexual. Explicó que, desde que llegó al Congreso, hace 20 años, esperaba el día en que se aprobaría esta ley. "Estamos construyendo un momento importantísimo en los derechos de la comunidad gay y de todos los americanos", dijo emocionada. "Hoy es un día histórico para América".

No todas las organizaciones piensan así. "Hoy se ha escrito parte de la historia de los derechos civiles en la Cámara de Representantes", dijo el presidente de Human Rights Campaign. "Este voto del Congreso es un paso muy importante en la seguridad de que millones de gays y lesbianas de EE UU nunca tendrán que volver a sentir el miedo de perder sus trabajos por ser quienes son". Según esta ONG, un 70% de los homosexuales de EE UU prefiere una ley que excluya a los transexuales a no tener ley ninguna.

De pasar todos los filtros del Congreso, la iniciativa se convertirá en un tema importante en la campaña presidencial. Pero el paso por el Capitolio no va a ser fácil. Tiene que pasar el voto en el Senado, mucho más conservador que la Cámara.

> Berria: Politika > REINO UNIDO: GORDON BROWN LEGISLARA PARA COMBATIR LA INCITACION AL ODIO CONTRA LAS PERSONAS HOMOSEXUALES

• Brown basa su política en leyes de seguridad, educación y vivienda
• Los laboristas retoman la iniciativa en la apertura del año legislativo
• El País, 2007-11-07 # Walter Oppenheimer · Londres

La política británica vivió ayer su tradicional día de pompa y protocolo con el llamado Discurso de la Reina, la lectura por parte del soberano británico de la lista de propuestas de ley que pretende impulsar su Gobierno en el año legislativo entrante. Pero ayer fue un día distinto: por primera vez en 10 años fue Gordon Brown, no Tony Blair, quien desfiló junto al líder de la oposición, David Cameron, al frente de los diputados de los Comunes, camino de "el otro sitio", la Cámara de los Lores, para escuchar a la reina.

Fue un día muy distinto no sólo por la ausencia de Blair, sino por la tensión pre-electoral que vive la política británica, a pesar de que las elecciones no se esperan hasta 2009 lo más pronto. A la rutina protocolaria de la mañana siguió por la tarde una feroz batalla entre un Cameron en plena forma, espoleado por los tropiezos políticos del primer ministro a la vuelta del verano, y un Brown que intenta recuperar la iniciativa y que al menos ha recuperado la agresividad y la oratoria parlamentaria.

No hubo grandes sorpresas en el programa legislativo porque Brown lo había adelantado ya en verano. Se confirmó la tendencia al nacionalismo y la mano dura de cara a las próximas elecciones. Los platos fuertes reservados por Brown para los programas electorales se centraron en seguridad y terrorismo, inmigración, educación y vivienda, todos ellos músculos sensibles de los votantes. Pero el primer ministro fue criticado porque casi nadie supo ver esa "visión para Gran Bretaña" que dice que quiere impulsar antes de los próximos comicios.

La propuesta de una cuarta Ley Antiterrorista en seis años para endurecer la legislación actual está llamada a ser una de las más controvertidas, aunque el primer ministro quiere un acuerdo previo con la oposición. "Mi Gobierno buscará el consenso en los cambios de la ley sobre terrorismo de forma que la policía y otras agencias tengan los poderes que necesitan para proteger al público al tiempo que se preservan los derechos y libertades esenciales", leyó la reina.

Aunque Brown no entró en detalles en el posterior debate en los Comunes, se da por seguro que intentará elevar a 56 o al menos a más de 50 los actuales 28 días de detención preventiva sin cargos de los sospechosos de terrorismo. Blair intentó en su día elevarlos de los entonces 14 a 96, sufriendo su primera derrota parlamentaria.

Otra propuesta polémica es dar poderes al Gobierno para poder obligar a los jóvenes de entre 16 y 18 años a seguir estudiando o atendiendo cursos de formación. La propuesta de ley de Ciudadanía y Emigración introducirá exámenes obligatorios de inglés y restringirá los derechos de los extranjeros encarcelados. El Parlamento obtendrá más poderes, como el de declarar la guerra. La legislación para combatir el odio racial se extenderá para incluir la incitación al odio contra homosexuales y personas con sus capacidades disminuidas.

> Iritzia: Diario de un Comunista Gay > LOS OLVIDADOS

• Los olvidados
• Diario de un Comunista Gay, 2007-11-01

El 9 de febrero de 1978, el entonces diputado del Partido Comunista, Ramón Tamames, presentaba una enmienda a la proposición de ley socialista para modificar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aquella acción constituía el principio del fin de una persecución cuyas víctimas, a día de hoy, todavía no han recibido ningún tipo de resarcimiento.

Antes de la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970, la Ley de 15 de julio de 1954 de reforma de la Ley de Vagos y Maleantes consideraba al homosexual peligroso, por lo que era preciso privarle de libertad y someterle a vigilancia para “reeducar” sus instintos degenerados. La ley indicaba, textualmente, lo siguiente:

A los homosexuales, rufianes, proxenetas, mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un Establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en Instituciones Especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.

c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Con esta ley, que equiparaba la homosexualidad con la enfermedad mental o la mendicidad, el franquismo continuaba su cruzada legal contra los homosexuales, a los que en los primeros años de la dictadura también se había perseguido y encarcelado por “escándalo público”.

Son muchos los testimonios de los afectados por esta ley. En 1967, 1.083 personas ingresaron en prisión por la Ley de Vagos. Prisiones como la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, acogieron a numerosos homosexuales. Juan Curbelo fue uno de ellos. Su testimonio, recogido en el libro “El látigo y la pluma” de Fernando Olmeda, pone los pelos de punta:

“Fue un auténtico infierno, por la mala alimentación, el trabajo hasta el agotamiento y el maltrato por parte de los funcionarios. Me raparon la cabeza y estuve tres años, el máximo posible, pasando los días a pico y pala: picando piedra caliza y haciendo zanjas”.

Más allá de los campos de concentración y las cárceles, la sociedad española continuaba sumida en un ambiente represivo hacia la homosexualidad. En los años del nacional-catolicismo, la Iglesia reprimía cualquier sentimiento homosexual, estigmatizando a una parte importante de la población española. “Cuando tienes 20 años y te llaman invertido, sarasa, mariquita… o lo aceptas o te rindes y te suicidas, como se me pasó por la cabeza muchas veces”, asegura Jordi Griset, uno de los muchos homosexuales reprimidos por el franquismo. “Yo quería ser normal, por eso acepté hacer una terapia psiquiátrica con electro choque para dejar de ser homosexual”, continua Jordi refiriéndose a las terapias subversivas que muchos psiquiatras llevaban a cabo para “curar” la homosexualidad.

El 28 de julio de 1970, las Cortes aprobaron por unanimidad la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual pretendía “defender a la sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Según cita Arturo Arnalte en el libro “Redada de violetas”, “a la Ley de Peligrosidad Social quedaban sometidos los mayores de 16 que fueran, entre otros supuestos, vagos, rufianes, proxenetas, mendigos habituales, locos, toxicómanos, ebrios habituales, gamberros, pandilleros, distribuidores de pornografía, menores rebeldes a la autoridad familiar y los que realicen actos de homosexualidad”.

La Ley de Peligrosidad Social, aprobada en sustitución de la Ley de Vagos y Maleantes, contemplaba entre sus medidas el internamiento “en un centro adecuado a la personalidad del sujeto” durante un tiempo máximo de tres años. Jordi Petit, histórico activista homosexual y presidente de honor de la Coordinadora Gay y Lesbiana, afirma que “en Madrid y Barcelona fueron expedientadas 1.500 personas por vulnerar la Ley de Peligrosidad Social”, aunque asegura que “es prácticamente imposible saber cuantos fueron perseguidos por el franquismo por ser homosexuales”.

Tras la muerte de Franco y el reestablecimiento de la democracia, la discriminación continuó. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social siguió vigente y activa hasta que en 1978, tal y como he señalado al principio, el Partido Comunista de España presentó una enmienda en la que solicitaba que la homosexualidad dejara de ser ilegal.

Los homosexuales, perseguidos durante años, fueron los grandes olvidados durante la transición y años posteriores. Al contrario de lo que sucedió con los represaliados políticos, el colectivo homosexual perseguido por el franquismo no ha obtenido aún ninguna reparación moral y económica. Incluso ahora, cuando se ultima la Ley de Memoria Histórica, la Asociación de Expresos Sociales sigue su lucha para que se haga justicia con todos aquellos que sufrieron la represión por motivo de orientación sexual.

Como dijo el poeta griego Yeoryos Seferis, “allí donde la toques, la memoria duele”. Y en nuestro país, la memoria de los muchos gays, lesbianas y transexuales que sufrieron durante años el estigma de una dictadura represora, seguirá doliéndonos hasta que las administraciones dignifiquen todas esas vidas robadas.

> Berria: Arrazakeria > EL MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA EXIGE CREAR UNA FISCALIA CONTRA EL RACISMO

• El Movimiento contra la Intolerancia exige crear una Fiscalía contra el Racismo
• Terra, 2007-10-23

El Movimiento contra la Intolerancia ha exigido hoy la creación de una Fiscalía Específica contra la Xenofobia, el Racismo y los Delitos de Odio, tras conocerse la agresión contra una joven ecuatoriana en un tren de Barcelona.

En una nota, la organización no gubernamental afirma que este ataque es uno de los 'más de 4.000 que se producen en España', y añade que tiene conocimiento de sucesos racistas y xenófobos en más de doscientos municipios españoles.

A su juicio, en España está creciendo la hostilidad contra la inmigración en Internet y 'grupos ultras hacen de la xenofobia su eje de agitación en la calle y difunden propaganda insidiosa contra las minorías étnicas y religiosas'.

'El miedo a denunciar de muchos inmigrantes, de los sin techo, de los homosexuales y de otros colectivos vulnerables al odio de los intolerantes, dificulta el conocimiento del volumen real de las infracciones penales', añade la nota.

La ausencia de instrumentos específicos para perseguir el delito xenófobo y racista 'ayuda a que la impunidad persista en la mayoría' de las agresiones, de ahí la necesidad de crear una Fiscalía para la aplicación de los tipos del Código Penal contra este tipo de actuaciones, que 'hasta ahora prácticamente no se están ejecutando'.

Según el Movimiento contra la Intolerancia, existe un 'rebrote ultra y xenófobo en España que, a diferencia de la década de los años 90, está caracterizado por un fuerte y visible componente agitativo y una dinámica de violencia más extendida y sumergida'.

> Berria: Homofobia > LOS VERDES PREGUNTAN AL GOBIERNO SI SE DEBERIA SANCIONAR LAS INJURIAS HOMOFOBICAS

• "Los Verdes" preguntan al gobierno si se debería sancionar las injurias a los homosexuales
• Servimedia, 2007-10-11

El portavoz confederal de "Los Verdes" y diputado por Sevilla, Francisco Garrido, adscrito al grupo parlamentario socialista, ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno para saber si cree que se debería sancionar a quienes injurian a los homosexuales.

Garrido asegura que "en las últimas semanas se están produciendo manifestaciones públicas que atentan contra la dignidad e integridad física, moral y psicológica de las personas homosexuales y transexuales".

"De nuevo, palabras ofensivas de contenido humillante y degradante, como 'maricón', siguen incorporadas con cierta popularidad al acervo homófobo y discriminatorio del lenguaje, hiriendo la sensibilidad y la humanidad de gays, lesbianas y transexuales de nuestro país", afirma.

Por ello, Garrido pregunta al Ejecutivo si cree que debería aprobarse una ley contra la homofobia, que incluya sanciones económicas para combatir y eliminar el vocabulario degradante e injurioso contra los colectivos minoritarios, con especial atención a aquellos que profieren insultos e injurias ocupando puestos de responsabilidad o autoridad o son personajes de influencia social y cultural.

> Berria: Oroitzapena > LAS ASOCIACIONES ESPERAN QUE LA LEY DE MEMORIA NO SEA LA DEFINITIVA

• El reconocimiento a las víctimas del franquismo
• Las asociaciones esperan que la Ley de Memoria "no sea la definitiva"
• El País, 2007-10-10 # Natalia Junquera · Madrid

Si las asociaciones para la recuperación de memoria histórica hubieran podido escribir la Ley de Memoria, el texto no sería como el último acordado entre siete partidos, pero se parecería. Ninguna está plenamente satisfecha y todas insisten en que ésta no será la ley definitiva. Para los homosexuales represaliados durante el franquismo, reconocidos por primera vez como víctimas, se trata de un "primer paso". Todas reclaman la nulidad de los juicios.

Les faltan algunas cosas, les sobran otras. Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, echa en falta la "anulación" de los juicios. "Creo que se hace para evitar los problemas de patrimonios asociados a esas condenas, que en muchos casos fueron acompañadas de expropiaciones de bienes", explica. También le falta la creación de un gran censo de las víctimas de la Guerra Civil y una alusión a los programas de enseñanza, instándoles a incluir todo lo acontecido durante la Guerra Civil y la represión franquista.

En cambio, le sobra el punto del acuerdo que afirma que, a la hora de exhumar una fosa común, "deberá ponderarse especialmente la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos" de las personas cuyos restos vayan a ser exhumados.

"El derecho de los que buscan a su familiar no puede quedar insatisfecho porque otros no quieran ejercerlo. Es como si a mí me quitaran la urna porque otro no quiere votar", asegura Silva. "En general, estoy contento de que haya una ley y de que se esté produciendo, por fin, este debate, pero no es la ley definitiva", concluye

Para Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que agrupa a los homosexuales que fueron represaliados por la dictadura, el acuerdo sobre la ley, es "un primer paso, un principio. Podía haber sido más ambicioso, pero para nosotros es muy importante que después de 30 años, por primera vez desde la transición, se nos nombre y se nos reconozca como víctimas", asegura. "Seguiremos trabajando".

A Gervasio Puerta, de 86 años, presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, el acuerdo tampoco le convence del todo. "Me temo que si no lo aceptamos ahora, no veremos otro mejor porque la mayoría de nosotros somos ya muy mayores. Lo aceptamos como un mal menor". Puerta echa muy en falta el consenso en el debate sobre la nueva ley y culpa a esas disputas de los puntos que no satisfacen a sus cerca de 1.500 socios: "No entiendo por qué no han querido declarar nulos los juicios. A estas alturas, nadie quiere criminalizar a nadie o ir a por el culpable, pero sí el derecho personal a poder reclamar ante un juez que se reconozca la injusticia de un caso personal".

Foro por la Memoria es la asociación más crítica porque le hubiese gustado ir mucho más allá: "La lucha contra la impunidad incluye la identificación de los culpables. No van a ir a la cárcel porque ya son muy mayores, pero sus condenados tienen derecho a que les castigue", afirma su presidente, José María Pedreño. "Esta ley es un retroceso, muy lejos de lo que se hace en Argentina o Chile. Esto va a acabar en el Tribunal Penal Internacional".

> Berria: Oroitzapena > LA LEY DE MEMORIA HISTORICA OBLIGARA A LOS AYUNTAMIENTOS A RETIRAR LOS SIMBOLOS FRANQUISTAS

• La ley de Memoria Histórica obligará a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas
• La nueva redacción también prevé sanciones para instituciones privadas que no retiren sus símbolos sin justificación
• El País, 2007-10-10 # Carlos E. Cué · Madrid

El Gobierno está negociando con todos los grupos una última propuesta de la ley de Memoria Histórica que da un vuelco a la política sobre símbolos franquistas. La ley ya no se refiere sólo a los edificios de titularidad estatal, que deberían retirar cualquier símbolo, sino a todas "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias", esto es, incluye a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es mucho más precisa en la exigencia de retirar todos los símbolos y además compromete al Ejecutivo a realizar un inventario de todos los símbolos franquistas para su retirada.

Además, tiene una mención para que las instituciones privadas que se nieguen a retirarlos de manera injustificada (lo que podría incluir las placas de "Caídos por Dios y por España" en las iglesias) puedan dejar de recibir fondos públicos. "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas a la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", dice el último borrador del texto.

La ponencia discutirá esta tarde esta y otras modificaciones de la ley, incorporadas en especial por IU-ICV, PNV y CiU. Aunque este último no quiere dar por cerrado el acuerdo, varias de las modificaciones obedecen a sus peticiones, como por ejemplo la de incluir a los "jurados" como uno de los organismos represores durante la Guerra Civil, y a las "creencias religiosas" como motivo de represión, para hacer así mención a los asesinatos de ciudadanos católicos en zona republicana llevada a cabo por grupos de descontrolados.

Símbolos en España
Los signos de exaltación del franquismo permanece en numerosas calles y edificios públicos y no todos los ayuntamientos están dispuestos a retirarlos. He aquí un listado de algunos de esos vestigios.

• Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene la calle de Carrero Blanco y los monolitos de Alférez Provisional y Marineros Voluntarios y el ayuntamiento, en manos socialistas, no tiene intención de retirar los monumentos ni cambiar el nombre de las calles. El Ayuntamiento de Málaga, del PP, no tiene ningún inventario de los símbolos franquistas que quedan en la ciudad, aunque si la ley lo pide lo hará, ya que quedan vestigios "anecdóticos".
• Galicia. El alcalde de A Coruña, Javier Losada, se limitó a garantizar el cumplimiento de la ley. Hay en la capital gallega arterias bautizadas como Generalísimo, Caídos, División Azul o Sanjurjo, una estatua a Millán Astray, fundador de la Legión, e innumerables placas o escudos franquistas. En Ferrol, ciudad natal de Francisco Franco, todavía perviven semiocultos varios símbolos pese al empeño del ejecutivo local (PSOE-IU) de eliminarlos. Hasta hace una semana, una vidriera preconstitucional presidía la entrada al Ayuntamiento. Ahora se estudia retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage.
• C. Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), manifestó su rotundo rechazo a la futura ley, aunque asegura que acatará la ley. Hay escudos en la sede de Capitanía General y de dos colegios públicos.
• Cataluña. En uno de los fosos del castillo de Montjuïc pervive un monumento con el yugo y las flechas, que el Ayuntamiento de Barcelona quiere eliminar. La capital catalana ha retirado la mayor parte de la simbología, todavía visible en viviendas sociales y edificios militares.
• Canarias. Santa Cruz de Tenerife, gobernada por Coalición Canaria y PP, concentra muchos símbolos franquistas. Su arteria principal es la Rambla del General Franco.
• Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE-Par) avanzó que los símbolos se suprimirán "en cuanto la ley lo obligue" y siempre buscando el máximo consenso político y vecinal.
• Madrid. El Consistorio no aclaró si eliminará los nombres franquistas. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre ha eludido pronunciarse al respecto.

> Berria: Oroitzapena > LA LEY DE MEMORIA HISTORICA VERA LA LUZ

• La Ley de Memoria Histórica verá la luz
• La ponencia que tramitará la norma se reúne mañana tras un acuerdo básico de siete partidos
• El País, 2007-10-09 # Anabel Díez · Carlos E. Cué · Madrid

Las bases para que la llamada Ley de Memoria Histórica sea una realidad en España están puestas y son firmes. El PSOE, tras múltiples conversaciones y negociaciones bilaterales con grupos parlamentarios que representan a seis partidos, anunció ayer que se ha producido "el desbloqueo definitivo", que permite la reunión de mañana de la ponencia constitucional que se encargará de la tramitación final del texto. Todos los grupos que han llegado a un acuerdo básico han tenido que ceder en algunos de sus postulados para que la ley no ofenda a nadie sino que "repare los daños que pudieran sufrir las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura". Y se hace, según el PSOE, en línea con el espíritu de concordia de la Transición. El PP y ERC mantienen su rechazo a la ley.

La futura ley para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura verá la luz antes de fin de año. Los grupos parlamentarios que alcanzaron una base suficiente para el acuerdo han antepuesto "la responsabilidad" para hacer posible una ley esperada por muchos durante muchos años.

El PSOE fue ayer el encargado de anunciar "el desbloqueo definitivo", en expresión del portavoz parlamentario, Diego López Garrido, de los obstáculos que impedían garantizar la aprobación de la norma. Él y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, han dedicado en las últimas semanas muchas horas de negociaciones bilaterales, rotas una y otra vez por la dificultad de armonizar las posiciones de cada grupo, para alcanzar un consenso suficientemente amplio.

El acuerdo llegará finalmente de la mano del PSOE, IU-ICV, PNV, y los partidos del Grupo Mixto, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canaria y del ex diputado del PP Joaquín Calomarde. Los socialistas dan por seguro que CiU estará en primera línea aunque todavía ayer su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida mantenía alguna diferencia tras reconocer "los avances positivos" de los últimos días.

El PSOE confía en atraer al acuerdo a Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai durante la última tramitación parlamentaria, aunque renuncian a convencer ya al PP y a ERC, que votarán en contra por motivos contrapuestos. Para los populares esta ley culmina "el ataque a la Transición" que empezó el Gobierno socialista. ERC cree que la ley es insuficiente porque no anula los juicios franquistas. Éste ha sido uno de los asuntos más controvertidos de la negociación ya que también IU-ICV ha peleado lo indecible para aproximarse a esa anulación. Al final, y con mucho esfuerzo por parte de Joan Herrera y Gaspar Llamazares, hay acuerdo, con alguna precisión más, en torno al primer pacto alcanzado el pasado abril entre el PSOE y la formación izquierdista para declarar "ilegítimos" los tribunales franquistas y sus sentencias.

Además, aunque la Ley no abre la puerta explícitamente para que los afectados puedan ir a los tribunales a reclamar la anulación de la condena a alguna víctima de la guerra o de la dictadura, tampoco la cierra. "La Ley no va a interferir en el territorio judicial, el legislador no va a entrar en el campo del juez", explicó López Garrido. El portavoz socialista agregó que la Ley "también servirá como instrumento jurídico para las personas que quieran utilizarla ante los tribunales para una cuestión concreta", señaló López Garrido en referencia a la posibilidad de que se utilice la Ley como prueba en las reclamaciones de anulación de sentencias.

La obsesión del Gobierno desde que planteó la Ley hace casi dos años estuvo en que su intención de reparar dolor o injusticia no tuviera consecuencias jurídicas. Tampoco quería el Gobierno, según explicó, reabrir heridas o enfrentar a los españoles. Pero pronto las cosas se complicaron y el PP consideró la mera existencia del proyecto de Ley como un instrumento de división de los españoles. Y ayer lo reiteró el secretario general del PP, Ángel Acebes: "Zapatero ha traído división, enfrentamiento y ha abierto las heridas de nuestra historia". Aunque ha sido inútil, el Gobierno decidió modificar de los borradores su título inicial de Memoria Histórica y lo sustituyó por el de reparación de las víctimas. "De todas las víctimas", como remachó ayer López Garrido.

La condena de todos los crímenes ha sido otro de los temas controvertidos. CiU sigue todavía la pelea porque resulte expresa la condena a los crímenes cometidos por los llamados jurados populares de los republicanos, que tuvieron como víctimas a inocentes civiles y religiosos. La discusión coincide con la beatificación a propuesta de la Conferencia Episcopal Española el próximo 28 de octubre de más de cuatrocientos religiosos asesinados por los republicanos. Acebes afirmó ayer que "no hay relación" entre ese hecho y la ley y evitó criticar a los obispos. No pudo confirmar si algún miembro del PP acudirá a la beatificación en Roma.

Lo cierto es que el PSOE ha tratado que la ley tuviera el máximo consenso y no sólo diera satisfacción a la izquierda. Gaspar Llamazares señaló ayer que el PCE de Dolores Ibarruri estaría "satisfecha aunque no completamente". Y así tiene que ser para que la ley también la firmen el PNV y CiU.

PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS EN LA NEGOCIACIÓN

Condena del Franquismo. "Esta ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional, que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición de Ley en la que el Congreso reiteraba que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática'. La presente ley asume esta declaración, así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006".

Ilegitimidad de los juicios. Artículo 3: "Se declara la ilegitimidad de los tribunales que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa por cualesquiera tribunales durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Las consecuencias jurídicas. "Exposición de motivos: En el artículo 3 se declara la ilegitimidad de los tribunales creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas resoluciones contrarias a los derechos humanos. En este sentido, la ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".

• Una decena de cambios clave
• Un año, dos meses y siete días de negociaciones entre los grupos, salvo el PP, han provocado modificaciones notables del texto del Gobierno
• El País, 2007-10-09 # C. E. C. · A. D. · Madrid

Un año, dos meses y siete días. Todo ese tiempo lleva la ley de memoria histórica -que en realidad se llama Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura- en el Congreso esperando que los grupos se pongan de acuerdo para aprobarla. Y antes, dos años estuvo el proyecto en la cabeza de los asesores del Ejecutivo, sin que lograran sacarlo a la luz. Hace un año, la ley no gustaba a nadie, salvo el PSOE. Ahora siete partidos están dispuestos a apoyarla, aunque el acuerdo no está cerrado del todo. Éstos son algunos de los puntos entre la decena de cuestiones clave [sobre los 25 artículos que tiene el texto] que se han cambiado durante la negociación.

- 'No' a la comisión de notables. Era el corazón de la norma, la idea que tuvo el Gobierno para evitar lo que más temía: la anulación de los juicios franquistas. El Ejecutivo se inventó una comisión de cinco notables, elegidos por tres quintos del Congreso -esto es, el PP podía bloquear su nombramiento- que expedían una "declaración de reparación y reconocimiento personal" a las víctimas y sus familiares que lo reclamasen. No gustaba a nadie y ha desaparecido por completo. Será el Ministerio de Justicia quien expida este documento de forma prácticamente automática cuando se comprueben los datos de la víctima. IU-ICV y los demás grupos han logrado en la negociación que el PSOE acepte declarar la "ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones". También se ha añadido, de forma completamente novedosa, una disposición que deroga toda la legislación represora del franquismo y una explicación de motivos que señala que este punto se ha puesto para "proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".

- Símbolos franquistas. Los grupos confían en avanzar algo más en la ponencia, pero de momento ya han logrado una modificación significativa. La ley que llevó el Gobierno al Congreso en julio de 2006 sólo hablaba de los símbolos franquistas en instituciones "titularidad estatal". Además, contenía una redacción polémica: se retirarán los monumentos, placas o símbolos, "cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término". Algunos entendían que eso podía obligar a retirar algún monumento a Dolores Ibárruri, Pasionaria, por ejemplo. La nueva redacción pactada ha eliminado esos "dos bandos" y ya sólo habla de los "símbolos de exaltación de la Guerra Civil". Y sobre todo se ha añadido: "El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior". Los grupos minoritarios quieren además pulir una excepción, la que señala que "lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general que lo hagan improcedente". Temen que esas "otras de interés general" pueda abrir espacios para que alguno se salte la ley, y por eso quieren limarlo.

- Represión en zona republicana. CiU ha tenido especial interés en que figuren en la ley menciones a los excesos de los descontrolados -no amparados por la legalidad oficial, al contrario de lo que sucedió en el otro bando- que ordenaron y realizaron asesinatos indiscriminados en la zona republicana. Por eso ha reclamado -y logrado, aunque el pacto no es definitivo- que se incorporen los motivos "de creencia religiosa" a todos los artículos clave, y negocia que se incorporen a los jurados como órganos represivos.

- Archivos. El PNV también ha incorporado varias modificaciones en los últimos días para perfeccionar la ley, que se verán cuando los socialistas presenten en la ponencia su propuesta definitiva. Los nacionalistas vascos lideran la negociación sobre archivos. Reclaman la devolución de los papeles del Gobierno vasco entre 1936 y 1939, que están en el archivo de Salamanca. El Gobierno no acepta, y por eso parece que el PNV votará en contra de ese punto. Sin embargo, negocia para mejorar el acceso de los particulares a los archivos de la represión, ahora muy complejo. Se trata de lograr algo similar a lo que se ha hecho en Alemania del Este con los archivos de la STASI, y que se explica en la película alemana La vida de los otros. Un gran archivo de la represión al que los ciudadanos puedan acudir libremente para ver cómo fueron investigados.

Condena del franquismo
Esta ley no nació para ajustar cuentas con los vencedores de la Guerra Civil y quizá por eso ni siquiera se mencionaba la contienda en el primer borrador. Era una ley para honrar a las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista, a sabiendas de que en los últimos 30 años ha habido normas para reparar injusticias. Pero, al final, hay un acuerdo básico en que en esta ley debe figurar la condena del franquismo, con cita expresa de los precedentes: Proposición de Ley de 20 de noviembre de 2002 de la Comisión Constitucional del Congreso. En la misma se decía, y se recogerá en esta ley, que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".También la ley recogerá el informe del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron "las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975".