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• El País, 2007-02-25 # Editorial

Hay que felicitar al PP por su voto en el Senado a favor de la llamada ley de identidad de género (formalmente, Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas). Y hay que pedirle que en el Congreso -donde antes había votado en contra- mantenga su nueva actitud. La ley está destinada a hacer la vida más fácil a las personas transexuales, uno de los grupos sociales que más dolor arrastran (marginación, paro, agresiones, incomprensión), como reconoció el portavoz popular en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Evaristo Nogueira. La norma consigue satisfacer las demandas de los afectados sin menguar los derechos de los demás. Es, por ello, una ley social, avanzada y, sobre todo, justa.

A la felicitación hay que añadir a los otros partidos, empezando por los que fueron desde el principio impulsores de la reglamentación, con el PSOE y sus socios a la cabeza, pero también otros grupos minoritarios. Con ella se garantizará que los transexuales puedan inscribir en el Registro Civil -y en todos sus documentos oficiales, desde DNI a títulos académicos- el sexo que realmente sienten como propio, y no el que les corresponde biológicamente. Las asociaciones de afectados calculan que más de 3.000 personas podrán acogerse a la ley. Que, además, el proceso no requiera de una sentencia judicial y que no se les exija pasar obligatoriamente por un peligroso, doloroso y costoso proceso de reasignación quirúrgica de los genitales es una prueba más de la generosidad con la que se ha llegado a este punto del trámite de la ley. Afirmar que la falta de este requisito quirúrgico podría causar cambios caprichosos de los datos registrales es ignorar el sufrimiento y el trabajo que lleva aparejado el intento de conseguir que el sexo vivido se corresponda con el oficial.

La ley, que se vota el 1 de marzo, deja algunos aspectos sin respuesta. Los más destacados, que no se pueda aplicar a los transexuales extranjeros, y que los menores de edad no puedan acogerse a sus ventajas, ignorando las evidencias científicas que recomiendan comenzar la adaptación desde que se diagnostica el desajuste en la identidad, muchas veces en la adolescencia. También queda pendiente el espinoso tema de la financiación pública del proceso de reasignación, que dependerá de las comunidades autónomas. Pero con la nueva ley se dan los primeros pasos para hacer de las personas transexuales ciudadanos de pleno derecho. Su integración y su visibilidad harán que el resto de las medidas que reclaman se recorran con menos recelos y más aceptación.