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• Iñigo Lamarca: «Las defensorías no son una institución imprescindible, pero están respondiendo»
• ABC, 2007-05-03 # Evaristo Amado · Santiago

Una llamada inesperada del presidente del PNV Josu Jon Imaz convirtió al profesor de Derecho Constitucional Iñigo Lamarca (San Sebastián, 1959) en Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco, en 2004. El inesperado nombramiento del donostiarra, por entonces activista a favor de los derechos del colectivo gay -«homosexual sin perfil político», lo definía alguna de las crónicas publicadas- logró el «milagro» político de poner de acuerdo a todos los grupos de la Cámara vasca.

La confianza de Imaz en Lamarca era tal que ni siquiera avisó a sus socios de Eusko Alkartasuna para lanzar el nombre del entonces presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco (Gehitu). Tres años después, Lamarca ha visitado Santiago de Compostela en una sesión de trabajo con sus homólogos en siete Comunidades Autónomas. De fondo, la elaboración de la nueva Carta de Derechos de los Ciudadanos de Galicia.

-¿Cómo valora la creación de este nuevo texto de principios y derechos básicos?
-Positivamente, porque la idea en sí es buena. Todas estas iniciativas tienen en sí vocación positiva, puesto que establecen derechos y cierran compromisos por parte de la Administración. Pero hay que analizar su contenido. Su utilidad depende del establecimiento de un sistema eficaz de garantías y reclamación en supuestos casos de incumplimiento. Y deben facilitarse mecanismos de evaluación.

-Ley de Igualdad, Ley de Dependencia... ¿Se están viendo superados los Defensores del Pueblo ante la actual extensión de derechos?
-Cada defensor del pueblo vive su propia realidad, aunque la relación entre todos ellos es excelente. Hablaré de mi caso, pero creo que la problemática es extensible a otras defensorías. Nuestro principal problema es la respuesta de la Administración: su servicio es bastante mejorable, podrían y deberían responder en mejores plazos. En la mayor parte de los casos que llevamos necesitamos documentación de las instituciones, de ahí su importancia. Ahí es fundamental la colaboración de las Administraciones Públicas.

-¿Cómo perciben los ciudadanos su figura?
-Las defensorías no son una institución imprescindible, pero sí están resultando muy útiles para la protección de los derechos. La tendencia en los mismos es a la extensión, porque había un déficit en la protección. Están respondiendo, y la ciudadanía va percibiendo nuestra utilidad.

-¿Cuáles son sus objetivos, los retos de futuro que se marca?
-Darnos a conocer más y mejor. Nos gustaría tener la certeza de que cada ciudadano nos conoce y puede acercarse a nosotros. Y hay que dar un ejemplo de calidad, un mejor servicio. Nuestra agenda va creciendo. Cada vez hay más derechos, y vamos a tener más trabajo. Las políticas públicas dirigidas a erradicar cualquier vestigio de sexismo, discriminación, generan más compromisos y trabajo. También más vigilancia.

-Tras la implementación de las últimas leyes sociales en España, ¿qué nos queda por hacer?
-Buscar la igualdad real: de género, entre las minorías culturales... Ahí hay mucho que hacer todavía. Por ejemplo: el Parlamento vasco elaboró una Ley de Igualdad en 2004, aprobada en 2005, cuyos resultados están por llegar. Se necesita un tiempo para elaborar planes sectoriales, herramientas y lograr ser eficaces. Lo vemos en nuestros informes anuales.

-¿Cómo valora la concatenación de listas supuestamente vinculadas al terrorismo aparecidas en el País Vasco las últimas semanas? ASB, ANV...
-Sólo me gustaría pronunciarme en este caso en términos muy generales y de principios. El principio de participación, de sufragio activo y pasivo, son derechos básicos que sólo pueden tener limitaciones legales. Cualquier limitación a este derecho tiene que estar muy bien fundamentada. Un sistema garantista de derechos como el nuestro debe buscar lo más favorable.