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• Encuentro Internacional de Mujeres en Bilbo
• Resistencia y lucha ante el conflicto y la violencia
• En los conflictos, la mujer es un botín de guerra; solucionado éste, es objeto de violencia estructural. Muchas mujeres tienen conciencia de su derecho a la paz y a la libertad, pero no de sus propios derechos como mujeres; por eso, quienes sí la tienen llaman a resistir, luchar y organizarse.
• Gara, 2007-10-30 # Mirari Isasi

Los conflictos no terminan con el fin de la guerra y, en el caso de las mujeres, muchas veces lo peor viene después, cuando vuelven a sus casas y ven cómo retroceden los avances hacia su independencia y crecimiento personal logrados cuando los hombres estaban combatiendo. Durante los conflictos, las mujeres posponen sus intereses estratégicos en pro de intereses comunes y luego, al final de los mismos, ven sus luchas invisibilizadas.

La actitud de resistencia ante esta situación, a la que hacen frente en mayor o menor medida mujeres de todo el mundo, es la cuestión que ha reunido recientemente en Bilbo, de la mano de la ONGD Mundubat, a organizaciones de mujeres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Brasil, Sahara Occidental, Colombia y Palestina. «La causa de las mujeres es la misma en todo el mundo a pesar de las diferentes situaciones, los diferentes idiomas y las diferentes culturas. La lucha es única y el problema de la violencia es uno», asegura Jadiya Hamdi, parlamentaria saharaui y representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en el encuentro internacional «Todas estamos despiertas».

Las mujeres ven especialmente vulnerados sus derechos en situaciones de conflicto, pero en esos casos no son sólo víctimas ya que realizan una labor muy importante para la subsistencia de la colectividad, además de promover la humanización de los conflictos y estar a la cabeza en la lucha por el fin de las guerras. «La ausencia de las mujeres en los ámbitos de decisión que conducen a la paz no es justa, pero tampoco inteligente porque no se puede prescindir de sus aportaciones y no se puede construir la paz sobre bases injustas. No será una verdadera paz la que dé cabida a otro tipo de violencia, la estructural», indica Igor Irigoyen, director de Cooperación del Gobierno de Lakua.

Por eso, en muchos lugares del mundo la lucha de resistencia y la lucha de las mujeres tiene un doble frente de batalla. Es el caso de las mujeres saharauis y las palestinas que, además de la violencia estructural, sufren la violencia de la ocupación marroquí e israelí, respectivamente, y una situación muy difícil tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados.

Jadiya Hamdi es categórica cuando afirma que los conflictos siempre son una acción de genocidio contra una mayoría de la población constituida por mujeres y niños, la mayoría desplazados de sus lugares de origen a un destino siempre desconocido.

Recuerda que desde el inicio de la actividad armada del Frente Polisario contra el colonialismo español, primero, y ahora contra el marroquí, «las mujeres han sido las encargadas de brindar apoyo político y moral a la vanguardia de la revolución» y su lucha tiene el doble objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia nacional y la igualdad para «dar una posición más positiva y adecuada a las mujeres en la nueva sociedad».

La vida de las mujeres saharauis ha pasado por diferentes etapas desde la década de los 70 del siglo pasado. Durante los primeros años del éxodo, «una de las etapas más duras para nosotras, cuando tuvimos que abandonar nuestros hogares huyendo de los bombardeos de napalm y fósforo blanco», la acción política, la educación y la sanidad estuvo en manos de las mujeres.

En febrero de 1976 fue proclamada en Bir-Lehlú la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). «Proclamar un Estado en situación de exilio es duro, sobre todo para las mujeres, porque son la fuerza permanente en los campamentos mientras los hombres están en el frente militar», constata Hamdi. Las mujeres saharauis tuvieron que asumir la constitución de las instituciones, la organización de la vida cotidiana, la protección de los campamentos de refugiados, la educación de los niños, las campañas de alfabetización, la gestión administrativa, la producción, el trabajo político y diplomático, la sensibilización y organización de masas... Y hay que tener en cuenta que se trataba de una generación de mujeres que empezó la lucha revolucionaria, que no conoció la escuela ni la universidad ni tenía formación profesional o política. Por eso, asegura Jadiya Hamdi que fue un «desafío».

En la actualidad, las mujeres representan el 24% del Parlamento, el 90% de las concejalías regionales y el 100% de las municipales. Pero la Unión Nacional de Mujeres Saharauis piensa que existe un «desequilibrio» y reclama mayor presencia en el secretariado general del Frente Polisario así como en el Gobierno. Hamdi dice que «el problema es que a la hora de votar, las mujeres no quieren votar a mujeres y muchas mujeres no quieren ser elegidas».

Sueño y preocupación
«Es nuestro sueño y nuestra preocupación ver, una vez conseguida la independencia, cómo podremos volver a casa y garantizar una posición más positiva para las mujeres y que podamos compartir nuestra experiencia con otras mujeres», señala. En este sentido, su organización trabaja en el ámbito de la orientación, concienciación y la formación profesional y política.

Hamdi hace, no obstante, un paréntesis para referirse a la situación de las mujeres en las zonas ocupadas, muy diferente de la de los campamentos de refugiados. Se trata de zonas rodeadas por el «muro de la vergüenza» de 2.500 kilómetros, por minas antipersona y cadenas de metal, en las que las violaciones de los derechos humanos, los malos tratos y las torturas y las detenciones y desapariciones de activistas por los derechos humanos están a la orden del día. En especial, recuerda a las Madres de la Prisión Negra, cuya experiencia equiparó con la de las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina.

En cualquier caso, destaca la importancia de la experiencia adquirida a lo largo de esta prolongada lucha por el derecho a la autodeterminación y la independencia, por el bienestar de las mujeres y la igualdad, por los derechos humanos y la construcción de puentes de cooperación y solidaridad con otras mujeres del mundo.

«¿Dónde está el mundo, dónde la ONU, dónde la comunidad y la opinión pública internacionales, dónde las ONG para denunciar con nosotras la situación injusta que vivimos en Sahara Occidental y Palestina? -se lamenta Jadiya Hamdi-. Ojalá el mundo escuche nuestra lucha cotidiana por el mayor derecho humano, que es la autodeterminación y la independencia nacional».

El fundamentalismo y la globalización, los dos grandes retos
Maha Nassar, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, explica que en el caso del movimiento de mujeres palestinas, resistencia y poder han ido de la mano. De hecho, dice, «las mujeres obtuvimos poder a través de la resistencia al tiempo que utilizamos ese poder para reforzar el papel de la resistencia y mejorar su estatus».

Recuerda que la historia de la lucha por la liberación y la independencia, en la que las mujeres se han enfrentado a la más dura de las ocupaciones, ha pasado por varias fases en las que las formas de resistencia han cambiado. «Primero vendían su oro para comprar armas para la revolución (1923-1948), luego utilizaron éstas para resistir (1948-1967-1970), tomaron parte en la Intifada enfrentándose al Ejército israelí con piedras para defender su tierra y sus hijos, participaron en actividades en barrios y medios de comunicación, preservando su identidad y cultura en su papel de madres (1978-1990) y, finalmente, hay que destacar su papel como líderes políticos a partir de su implicación en partidos políticos, siendo partícipes, de 1990 en adelante, de la toma de decisiones», resume. En estos años, el movimiento de mujeres en Palestina evolucionó de grupos de asistencia social y caritativos a un movimiento organizado con programas cuyo fin es el cambio social. «Ahora somos una organización con una agenda ideológica que trabaja por el futuro de las mujeres y por atender sus necesidades», afirma Hassar.

Subraya que pese a la implicación en la lucha nacional, las palestinas «nunca han olvidado que son mujeres», por lo que ambas luchas discurren paralelas, pero a partir de la segunda Intifada. Tras la primera, «creíamos que existía violencia contra las mujeres, pero que se debía a la ocupación». Esta visión cambió con la segunda Intifada, cuando las mujeres tomaron mayor conciencia de su situación y concretaron una agenda que logró un equilibrio entre lo nacional y lo social, para «evitar fundamentalismos que fomenten la resistencia al reconocimiento de los derechos de las mujeres y evitar la globalización que impulsa el liberalismo, el individualismo y que considera `terrorismo' la resistencia».

Éstos, el fundamentalismo y la globalización, son los dos grandes retos a los que se enfrentan las mujeres palestinas, insiste Hassar, quien defiende el «poder colectivo como proceso social basado en los principios del cooperativismo, que comparte preocupaciones, trabajo e ingresos».

«No propiciaremos el cambio si no somos conscientes de lo que ocurre y no sabemos qué beneficios nos aportará el cambio», afirma. Y lo que está ocurriendo es que estas mujeres viven en una situación muy crítica en la que «no podemos hablar del desarrollo o futuro en un contexto político y teórico relacionado con otras realidades que nos son ajenas. Aquí nos enfrentamos a fuerzas conservadoras que creen en la liberación de la mujer después de la liberación nacional, a quienes creen que el islam es lo suficientemente justo para las mujeres y a los liberales que importan estrategias extranjeras».

• «Una mujer que quiere abortar se enfrenta a la cárcel y a la Iglesia»
• María Eugenia Delgadillo, Sandra Edibel Guevara · De la Colectiva de Mujeres de Masaya y de la Asociación las Mélidas
• Gara, 2007-10-30 # Ainara Lertxundi

«Una mujer violada, embarazada y que quiere abortar se enfrenta a ser penalizada con entre dos y ocho años de cárcel y a que la Iglesia y la familia le llamen `pecadora'. El Estado, la Iglesia y las organizaciones del Opus Dei se oponen a que ejerzamos un derecho que tiene que ver con nuestra propia vida, sexualidad, cuerpo», subraya Sandra Guevara, directora ejecutiva de la asociación de mujeres Las Mélidas de El Salvador. La nicaragüense María Eugenia Delgadillo, de la Colectiva de Mujeres de Masaya, se suma a esta denuncia. Ambas han participado en el encuentro celebrado en Bilbo. En esta entrevista con GARA, analizan la situación en sus respectivos países.

La derogación del aborto terapéutico en Nicaragua y la negación a practicarlo en casos de extrema gravedad ha movilizado a organizaciones de mujeres como la que usted representa.

María Eugenia: Una de las cosas que realmente nos está moviendo el suelo es la violación de nuestros derechos, principalmente, sexuales y reproductivos. Tenemos el ejemplo de la «niña Rosita». En 2003, fue violada en Costa Rica por un empleado de la hacienda donde trabajaba. Tenía nueve años. Los grupos de mujeres intervinieron para trasladarla a Nicaragua y practicarle un aborto terapéutico -todavía no había sido penalizado- y así salvarle la vida. Años después, fue nuevamente violada por el padrastro con el resultado de embarazo y el nacimiento de una hija. En Nicaragua, hay muchas «Rositas». Estamos en un proceso de visibilizar la cantidad de «Rositas» que, día a día, llegan a las comisarías y de denunciar la impunidad existente y el hecho de no creer en la palabra de la niña o niño.

Por ello, hemos puesto en marcha campañas de sensibilización de las autoridades, personal de Policía, Ministerio de la Familia... de todas las instituciones para que sepan cómo se da la dinámica del abuso sexual y eviten la ridiculización.

Nos hemos encontrado en situaciones en las que a la víctima se le pregunta a qué hora se produjo la violación. En una situación semejante, el terror y, sobre todo, darte cuenta de que el que está violentado mis derechos es una persona conocida no te permite buscar un reloj para saber la hora exacta. Otra de las preguntas suele ser si había testigos, cuando todos sabemos que el abusador crea las condiciones y conoce en qué momento la víctima está sola. Estamos intentado que la persona que va a entrevistar a esa niña o adolescente tenga la ética y los conocimientos adecuados.

La situación en Nicaragua es muy compleja. Ha habido una fuerte tarea de desinformar a la sociedad. Se ha difundido un cartel que muestra a una niña ya formada sostenida en brazos y en el que se dice que el aborto terapéutico es asesinar a personas. Se han hecho marchas masivas, recogidas de firmas y manifestaciones bajo el lema «Sí a la vida, no al aborto» para presionar a los legisladores. Todo esto está muy relacionado con la religión y la Iglesia católica. En los colegios religiosos, por ejemplo, si una alumna no quería asistir a una de estas manifestaciones le quitaban puntos. Pero no perdemos la esperanza. Recientemente, un sacerdote católico abogó por retomar algunos puntos del aborto terapéutico. Los partidos políticos tienen temor a permitirlo por la posible pérdida de votos y los médicos tienen las manos atadas. Más de 82 mujeres han muerto por no practicarlo.

A la ciudadanía nos toca organizarnos mejor, hacer más protestas, informar a la sociedad y buscar el apoyo de organismos internacionales.

¿Cuál es el estado de los derechos civiles en El Salvador?
Sandra: Junto a Guatemala, El Salvador se está caracterizando por ser uno de los países más violentos. De las 12 personas que a diario son asesinadas en El Salvador, 6 son mujeres. Para nosotras son feminicidios. En su gran mayoría son jóvenes; se dice que pertenecen a las maras, pero sabemos que hay algo detrás. Los organismos de mujeres, como Las Mélidas, hemos denunciado la impunidad en torno a esta violencia social. Desde el fin de la guerra, no había una situación de violencia tal. Desde 2000, estamos tratando de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de Protección a Víctimas de Violencia. Cada 25 de noviembre estamos en la Asamblea Legislativa para incidir en esta demanda.

En las distintas instituciones -Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera- debería haber registros individualizados de estas muertes y de sus causas, de por qué sus cuerpos aparecen desmembrados en bolsas negras en distintas zonas del país.

Producto de la democracia entre comillas que hay en El Salvador, el Gobierno de Antonio Saca está introduciendo el miedo en la población civil organizada.

El 5 de julio de 2006, la Policía reprimió duramente una manifestación de jóvenes contra la subida de los precios de los billetes de autobús y de la energía. No nos explicamos por qué la Policía usó gases lacrimógenos y balas de hule. Dos agentes resultaron muertos. Esto nos llamó mucho la atención porque quienes portaban las armas eran los francotiradores, policías, y los helicópteros; no los jóvenes. Nos trajo el recuerdo del pasado. El director de la Policía dijo enseguida que se debía aprobar la «ley antiterrorista».

El 2 de julio de este año, hubo otra movilización en Suichitoto en defensa de la no privatización del agua. 14 personas de organismos civiles fueron detenidas por la Policía antimotines acusadas de actos «terroristas». Pasaron un largo calvario por distintos centros de reclusión.

Nos unimos casi 200 organizaciones para demandar su inmediata liberación. Fuimos a embajadas, cuerpos diplomáticos... Esta presión sirvió para lograr su excarcelación, aunque no han retirado las acusaciones. En febrero tienen un nuevo juicio. Aunque existe una democracia formal, todavía no hay las libertades que la propia Constitución dicta para tener libertad de expresión, de decir `basta ya' y poder hablar. Con esa ley «antiterrorista» quieren acallar al pueblo salvadoreño organizado.

En Nicaragua, el aborto terapéutico fue abolido. En El Salvador, ¿a qué se enfrenta una mujer que quiere abortar?
Sandra: Una joven violada, embarazada y que no quiere tener a su hijo se enfrenta a ser penalizada con entre dos y ocho años de cárcel, y a que la Iglesia y la familia digan que es una `pecadora' por no dar la oportunidad de vivir a ese ser que lleva en el vientre. Las salvadoreñas preguntamos «quién es el dueño de nuestro cuerpo y decisiones». El Estado, la Iglesia y las organizaciones del Opus Dei se oponen a que ejerzamos un derecho que tiene que ver con nuestra propia vida, sexualidad, cuerpo.

Por ello, el 28 de setiembre iniciamos la campaña «Información para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

«La violencia es vista como un problema privado»

¿Qué percepción se tiene de la violencia de género ?
María Eugenia: Es vista como un problema privado. Recuerdo el caso de una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja. Cuando llegó la Policía y estaban a punto de llevárselo dijo que lo dejaran y así lo hicieron. Yo le pregunté al policía qué hubiera ocurrido si al llegar a esta casa hubieran hallado droga en vez de a un hombre golpeando a su pareja. Dijo que lo hubieran detenido. En este caso no lo hicieron porque se ve como una cuestión familiar. Es necesario que haya un cambio de concepto, que se visibilice como una vulneración de derechos humanos. Estamos trabajando para que la violencia contra las mujeres sea considerada como un problema de orden social y no privado, y sea una prioridad.

Sandra: El Salvador tiene una deuda con las mujeres y con el feminicidio al que estamos asistiendo. El Estado tiene que velar por la salud mental de estas familias, procurarles atención sicológica. Hay una invisibilización total. Cuando una mujer acude a la Policía Nacional Civil tiene que oír cosas como «usted fue culpable, usted lo provocó». Si no hay personal sensibilizado y si la violencia no se asume como algo social, nunca se le dará realce. Mientras se perciba como algo natural, seguirá habiendo impunidad.

Al igual que en El Salvador, en Nicaragua también hay un alto índice de mujeres muertas de manera violenta.

María Eugenia: Muchas aparecen mutiladas. La mayoría de veces, el responsable es su ex compañero o alguien muy cercano. Las mujeres no tienen ningún resguardo para salvar su vida; cuando deciden iniciar un proceso judicial es porque su vida realmente está en peligro. El Estado debería crear albergues para estos casos; en estos momentos, en Nicaragua sólo hay tres. Detrás de esto se esconde una cuestión cultural de abuso de poder.

¿Qué factores se esconden detrás de esta violencia?
María Eugenia: Hay tres pilares fundamentales; el hogar, la escuela y la religión. Hay un concepto cultural de unidad familiar. Desde muchas instancias se nos acusa a los grupos de mujeres de querer la desintegración familiar. Ha habido situaciones en las que una juez le ha dicho a la víctima de violencia que le dé otra oportunidad a su pareja. Debemos combatir estas expresiones culturales. Cuesta muchísimo cambiar este aspecto ideológico, que acarrea retroceso, impunidad y muerte.

Sandra: En El Salvador, los programas del Instituto de la Mujer tienen, a nuestro juicio, un enfoque equivocado. Buscan reconciliar a la familia y a la pareja a cualquier coste, y a la mujer se le pide que se contente y reconcilie con su marido. Las instituciones del Estado priorizan la unificación familiar. Mientras no se diga «alto a la violencia», no lograremos acabar con este círculo. Es importante que la mujer pueda empoderarse, tenga autoestima y pueda seguir adelante. En Las Mélidas, les brindamos atención sicológica y asesoría jurídica para que denuncien su situación.